La tragedia está ahí. No hablamos del huracán Katrina, ni de la invasión al Líbano. Es una masacre silenciosa y diaria que se ha cobrado ya más víctimas que las minas antipersonales en Colombia, Camboya y Afganistán juntas. Más de 500 muertos y 3.000 desaparecidos en lo que va de año incomodan en las puertas de una Europa convertida en fortaleza. Nadie en el Estado español podrá decir que no lo sabía. Años más tarde, décadas tal vez, cuando se tenga conciencia exacta del número de africanos que murieron intentado emigrar, alguien quizá se escandalice. Será demasiado tarde. Como lo es ahora escandalizarse con las muertes que causó la esclavitud. Ahora aún hay algo que hacer. Los responsables de la política que pro- picia esta atrocidad no son personajes de la historia.

A diario llegan barcazas con seres humanos de Camerún, Senegal, Nigeria, Gambia... a las costas canarias. Y la alarma se ha encendido en la sociedad española. Antes fueron las pa- teras que llegaban a las costas andaluzas, y los intentos de saltar las vallas en Ceuta y Melilla. La respuesta siempre ha sido la misma. Aumentar la represión, incrementar los alambres de espino, elevar las vallas, gastar millones de euros en sistemas de detección, aumentar las patrulleras militares, subcontratar la represión a los países de donde parten los emigrantes, amenazando incluso con reducir la escuálida ayuda al desarrollo si no se colabora o desviando porcentajes de esa ayuda para construir en Mauritania centros de detención para migrantes.

Y se habla de impedir la inmigración ilegal. El problema es que no hay otra manera de hacerlo. El único continente al que España exige visado a los ciudadanos de todos y cada uno de sus 54 países es Africa. Y cuando se intenta, el desprecio, la insensibilidad y la burocracia más esquizofrénica son el trato de esas embajadas homenaje a la insolidaridad. Por ejemplo un trámite de reagrupación fami- liar puede demorarse hasta tres años. ¿Quién cree que se puede emigrar «legalmente» desde Africa así? Nadie se juega la vida por gusto. Todos desearían emigrar con los papeles en regla. Pero nadie se lo permite. Hay que buscar cómo, aunque sea por el mar, aunque tarde años, aunque me estafen y tenga que pagar mil o dos mil dólares, aunque nunca llegue, aunque muera... Toda mi familia necesita esto de mí...

Y el Ejecutivo español se preocupa. Ve la tragedia... ¡de perder puntos en las encuestas electorales! Y el partido de la oposición, el derechista PP, encuentra su «dorado» particular en utilizar la inmigración como elemento de confrontación electoral acusando a Zapatero de ser poco firme contra la inmigración «ilegal». Y el PSOE asustado endurece su discurso, escorándolo en esta materia aún más a la derecha y planteando acuerdos nacionales con el PP para dificultar aún más el cumplimiento de ese derecho humano que en España suena ya a delito, emigrar.

Así las cosas, en noviembre se celebrará la XVI Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno con el tema central de la Migración. Si se lee con atención la Declaración de la anterior Cumbre en Salamanca se verá que los loables principios en materia de migración ahí expuestos se sacrifican en la parte española a coyunturas más inmediatas y a políticas de interés interno nacional.

En agosto se abrió un debate en la clase política española en torno a algo que desde la Federación de Asociaciones de SOS Racismo de España siempre hemos demandado como un derecho básico, la posibilidad de aplicar a la inmigración el derecho al voto. Supimos que el Gobierno español quería llevar a la Cumbre de Montevideo la noticia de su posible aplicación a las elecciones municipales presentándola como un avance democrático. Esto que en principio es una buena noticia, nos parece del todo insuficiente y presenta sus problemas. En primer lugar, un derecho es un derecho, no se debe utilizar como herramienta propagandística. Se aplica y punto. Pero es que además este derecho se pretende aplicar exclusivamente a los ciudadanos de los países con los que, fuera de la UE el Estado español tenga acuerdos de reciprocidad. Ese país es Noruega. En Latinoamérica los hay con Argentina, Chile, Venezuela y Uruguay que no han sido ratificados y por lo tanto no están operativos. Lo que el PSOE planteaba y posiblemente lleve a la cumbre es tan solo la aplicación del derecho en base a la ratificación de esos acuerdos con estos cuatro países. Es decir, la aplicación de la Constitución española de 1978, en su capítulo 23. Las y los ciudadanos de Ecuador y Marruecos por ejemplo, mayoría inmigrante en territorio español, en ningún caso tendrían reconocido ese derecho. Algo insuficiente envuelto en papel de regalo. Es incongruente dar derechos para unos inmigrantes y para otros no en base a su nacionalidad. ¿En qué tratado de Derechos Humanos se habla de su otorgamiento selectivo? ¿Cuántos cálculos electorales y de imagen hay detrás de estas migajas?

Pero incluso, este debate ha pasado a un segundo plano cuando se ha comprobado el aumento de la llegada de la migración africana a las costas canarias aprovechando el buen tiempo del verano europeo y la controversia que se ha establecido en los medios entre los dos partidos políticos mayoritarios compitiendo entre ellos en insolidaridad por unas décimas en las encuestas de intención de voto. La vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega ya ha anunciado que «en ningún caso podrá ser para estas municipales». Muy al contrario, las últimas noticias nos avisan del aumento del control en los aeropuertos para «identificar y descubrir a los inmigrantes latinoamericanos disfrazados de turistas». Y por si fuera poco, pende la amenaza de implantar la exigencia de visado a quienes provengan de Bolivia, lo que desmiente rotundamente supuestas intenciones gubernamentales de ampliar derechos a la inmigración proveniente de Latinoamérica.

Pensamos que en las actividades que se desarrollen alrededor de la Cumbre de noviembre sobre Migración, no puede faltar la exigencia de que los Derechos Humanos se respeten para todas las personas independientemente de su procedencia y nacionalidad. Y pensamos que el tremendo drama que viven los pueblos africanos debería tener su reflejo solidario en el tejido de movimientos sociales que se harán oír en el Encuentro Cívico. Las buenas intenciones que se quedan sólo en el papel, si no se cumplen son un insulto a la dignidad humana. A esto nos dedicamos desde de SOS Racismo en el Estado español, a destapar lo que se quiere ocultar, a denunciar las violaciones de Derechos Humanos y a exigir su extensión completa para todos los seres humanos. Nos negamos a pensar que sea demasiado tarde. -