Aún subsisten, herencia de 40 años de régimen fascista, graves problemas que afectan al día a día de las personas. Son los costes políticos de un silencio histórico, base de la transición, que ha procurado disimular los derechos nacionales e históricos de Euskal Herria y Catalunya. Aspiraciones de emancipación que, por otra parte, la oposición democrática reclamó durante la dictadura en forma del derecho a la autodeterminación de estos territorios.

En todos los ámbitos la imposición y el silencio favorecen el conflicto, y con éste es improbable que una institución, y la democracia, funcione correctamente. Los 63 días de huelga de hambre de Iñaki de Juana son la punta de lanza de la resistencia a este silencio.

El silencio es lo antagónico de diálogo, y su ausencia impregna de abusos y malos tratos las instituciones y a sus funcionarios. Estamos acostumbrados a programas de estafa social que se presentan con lenguaje policial en las agencias de noticias y también en los juicios en forma de sabios forenses. Este lenguaje barriobajero que no es respetuoso con la democracia tampoco sirve para promover un diálogo. El compromiso del Fórum de Barcelona: «proponemos una nueva moderni- dad basada en el diálogo, la negociación y el acuerdo y no en el conflicto y la guerra», se puede convertir en parodia cultural cuando es el Estado quien transgrede sus propias leyes.

Transcurridos 31 años de la muerte del dictador, el Estado está aun en situación de conflicto, con los familiares de los desaparecidos en fosas clandestinas, de los asesinados sin juicio, de los encarcelados con juicios de farsa militar y, lo que es más grave, en colisión también con territorios históricos a los que se ha aplicado un dispositivo de control transformándolos en zona oscura de un conflicto. Y este dispositivo, transgrediendo sus propias leyes penitenciarias, lo han implementado como régimen de vida para prisioneros y prisioneras vascas. El Gobierno español ha decidido que no existen presos políticos ni presos de conciencia, pero a quienes se les construyen pruebas para impedir su libertad se convierten a ojos de una sociedad independiente en rehenes políticos, en la cárcel por sus ideas u opiniones políticas.

En la prisión política el modulo de aislamiento no es sólo una mazmorra, es una dinámica de oscuridad política cuya aplicación se ha generalizado entre los prisioneros vascos sin ninguna garantía de que su condena se ejecute con imparcialidad, al albor del mutismo selectivo que se aplican rectores de leyes, catedráticos de penal, profesores cargados de filosofía del derecho y que tanto conocen el derecho penal del enemigo. Ahora la filtración interesada, después de 63 días de huelga de hambre, de la desmesura de la petición de 96 años a De Juana por escribir dos artículos, ha dejado a todos estos científicos, incluido el funcionario fiscal de los 96 años, con una hoja de servicios inmaculada. Los prisioneros vascos no están poseídos ni embrujados, pero la violencia política tiene también estas expresiones más sutiles.

Para participar en una dinámica que acentúe la democracia del respeto es necesaria una responsabilidad mínima de la que ya hemos visto que algunos carecen, pero que Iñaki de Juana simbólicamente ha multiplicado y compartido, gracias a la solidaridad de decenas de miles de personas, con el resto de los presos vascos.

En el juicio contra De Juana Chaos, víctima de un ordinario andamiaje legal o, mejor dicho, preso preventivo por opinar, se destapará el error jurídico de la condena suplementaria y el fracaso total de construir pruebas para convertirlas en condenas de por vida a los presos políticos vascos. También se revelará la politización del sistema penitenciario, todo un éxito para Gallizo. -