La Consejería de Política Lingüística del Gobierno de Lakua ha anunciado la puesta en marcha de Elebide, servicio público que atenderá las quejas y sugerencias de toda persona que vea vulnerados sus derechos lingüísticos. Ante dicho anuncio, la primera reacción no puede ser sino de satisfacción, como ante cualquier instrumento que se adopte con el fin de terminar con la vulneración de cualquier derecho. El propio viceconsejero, Patxi Baztarrika, reconoció que se vulneran los derechos lingüísticos de los euskaldunes, que el bilingüismo en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa no es real, sino que la situación del euskara es de inferioridad respecto del castellano. Ciertamente, no es necesario que lo diga el viceconsejero para constatarlo, pero resulta positivo que reconozca que la política lingüística de Lakua, tras un recorrido de 27 años, no ha logrado su objetivo, ni mucho menos. Bienvenido, pues, aun con retraso, el nuevo servicio.

No obstante, un servicio de nombre diferente pero con el mismo cometido y en todo el territorio de Euskal Herria lleva cinco años funcionando. Euskararen Telefonoa, de Behatokia, ha recogido en ese tiempo innumerables quejas, la mayoría de ellas referidas precisamente a la Administración que acaba de presentar igual servicio. Y este afán competitivo viene a ser continuación de los planes de euskaldunización de empresas acordados con empresarios y posteriormente con sindicatos, labor que ya realizaba Kontseilua.

Por supuesto, no se trata de poner en cuestión la necesidad de implicación de las instituciones en prácticas efectivas tendentes a garantizar los derechos lingüísticos contando con todos los agentes. Todos los esfuerzos son necesarios. Pero también resulta cuando menos sorprendente la fiebre emprendedora del Gobierno de Lakua en una cuestión respecto de la que, cuando otros organismos han acometido una tarea que le correspondía a él, ha marcado claramente las distancias. A seis meses de las elecciones tal vez se comprenda dicha prisa, pero resulta difícil tras 27 años sin implantar una política que garantice la euskaldunización y los derechos de los euskaldunes. Por ello, precisamente, son necesarios servicios como el mencionado, y muestra de ello es que dicho servicio, aunque abierto a todos, no es en absoluto necesario para los hablantes de castellano. Quien durante tanto tiempo ha permitido que el problema persista, por fin aparece dispuesto a escuchar las quejas de quienes lo padecen. -