El Ejecutivo de Lakua anuncia que «encausar al lehendakari no va a resultar gratuito»
El Gobierno de Lakua denunció ayer que «los derechos fundamentales del lehendakari para ejercer su acción política están rotos y en suspenso». La vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia dio lectura a una declaración institucional en la que el Ejecutivo autonómico muestra su rechazo a la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de seguir adelante con la querella contra Juan José Ibarretxe y los mahaikides Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan Joxe Petrikorena. «No va a resultar gratuito encausar al lehendakari de Euskadi», advirtió Zenarruzabeitia.
GASTEIZ
El Consejo de Gobierno de Lakua celebró ayer su reunión semanal de los martes. Lo habitual suele ser que tras ella comparezca su portavoz, Miren Azkarate, en ocasiones acompañada por alguno de los consejeros. Sin embargo, lo que viene siendo norma resultó alterado. Fue Idoia Zenarruzabeitia la que se presentó ante los medios para dar lectura a una declaración institucional. La vicelehendakari estuvo flanqueada por el consejero de Justicia y Trabajo, Joseba Azkarraga, y el de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo. Ambos representan a las dos formaciones que completan el tripartito junto al PNV y son, además, las personas que conforman junto a Ibarretxe el denominado Consejo Político.El motivo de esta comparecencia fue la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de seguir adelante con la querella por presunto delito de «desobediencia» presentada por el Foro Ermua contra Juan José Ibarretxe y los mahaikides Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan Joxe Petrikorena por la reunión mantenida en Ajuria Enea el pasado 19 de abril. En el primero de los tres puntos de los que consta la declaración leída por Zenarruzabeitia se subraya que «estamos ante un hecho de enorme gravedad desde el punto de vista tanto jurídico como político, que sin duda va a generar consecuencias negativas en las relaciones institucionales y en la necesidad de diálogo entre representantes políticos que esta sociedad vive especialmente en estos momentos». Y se advierte que «no va a resultar gratuito encausar al lehendakari de Euskadi». En el segundo punto, se apunta que la decisión del TSJPV «atenta directamente contra la división de poderes. Los derechos fundamentales del lehendakari para ejercer su acción política están rotos y en suspenso». El Ejecutivo autonómico admite que «no es la primera vez que se sufre esta violación en este país», pero destaca que «es la primera vez que alguien se atreve a dirigirla contra la máxima autoridad». En el tercer y último punto, se afirma que el TSJPV «ha generado un conflicto institucional de la máxima gravedad porque no hay un solo argumento jurídico que avale su decisión. Toda la sociedad sabe que una reunión política no puede ser un delito. El fundamento del tribunal es, por lo tanto, exclusivamente político».
Veto al diálogo
Ante esta situación, los integrantes del Gobierno aseguran que no van a «transigir con esta situación» y se comprometen a «ejercer cuantas iniciativas sean precisas para rescatar el derecho del lehendakari a hacer política y superar el veto que algunos quieren imponer al diálogo entre representantes políticos de los ciudadanos con el fin de avanzar y construir la paz y la normalización política en nuestro país. Este es el principal objetivo de este gobierno y es lo que nos demanda la ciudadanía».
El Supremo revisará la sentencia del «caso Atutxa»
El Tribunal Supremo español revisará el próximo 7 de noviembre el recurso presentado por el sindicato de funcionarios Manos Limpias contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en la que se absolvía al ex presidente del Parlamento de Gasteiz, Juan María Atutxa, y a los representantes de EA y EB en la Mesa de la Cámara durante la pasada legislatura, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao respectivamente, de un «delito de desobediencia» por negarse a disolver al grupo Sozialista Abertzaleak tras la ilegalización de Batasuna. -
Declaraciones y actuaciones
Iñaki IRIONDO
El Gobierno de Lakua tiene motivos más que suficientes para mostrar su enfado con el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por iniciar la instrucción contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, y contra los mahaikides Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan Joxe Petrikorena por la reunión que los cuatro mantuvieron el pasado 19 de abril en Lehendakaritza. Lo que ocurre es que en ocasiones anteriores las altisonantes declaraciones del Ejecutivo autonómico en esta materia no han ido acompañadas de hechos igualmente contundentes. Recordemos, sin ir más lejos, que cuando la querella del Foro Ermua fue admitida a trámite, allá por el mes de junio, el Gobierno en pleno decidió autoinculparse en la causa, al tiempo que los tres partidos que lo apoyan solicitaban la comparecencia ante el Parlamento del presidente del TSJPV, Fernando Ruíz Piñeiro, para que «explique la grave vulneración de los derechos fundamentales del lehendakari». Ni que decir tiene que Ruiz Piñeiro se negó a comparecer en la Cámara y a dar cualquier tipo de explicaciones. Pese a todo ello, el Gobierno de Juan José Ibarretxe ni siquiera tuvo el gesto político de, por ejemplo, declinar la invitación a acudir al acto protocolario de inicio del curso judicial el pasado mes de setiembre. Pese a todo lo dicho sobre el TSJPV, allí estuvo el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, en representación del Ejecutivo autonómico. De la declaración leída ayer por la vicelehendakari, Idoia Zenarrutzabeitia, flanqueada por la máxima representación de EA y EB en el Gabinete, Joseba Azkarraga y Javier Madrazo respectivamente, llama la atención la afirmación de que «no va resultar gratuito encausar al lehendakari de Euskadi». No es fácil conocer el alcance último de esta advertencia que en otro caso hubiera sido entendida como una amenaza. ¿Qué va a hacer Lakua? ¿Tal vez eliminar de su futuro proyecto de presupuestos los más de 103 millones de euros que dedica a sostener la Administración de Justicia española en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa? ¿O no volver a repetir frases como «los jueces vascos siguen cumpliendo con responsabilidad y objetividad su trabajo»? Cuando se habla de «actuaciones políticas», de «ataques a la separación de poderes» por parte del TSJPV, desde determinadas instancias se recuerda este caso o el encausamiento de la Mesa del Parlamento. Sin embargo, el ataque más flagrante a la separación de poderes fue la condena al parlamentario Jon Salaberria por lo dicho desde la tribuna de oradores de la Cámara autonómica. Una sentencia tan sonrojante que el Tribunal Supremo español tuvo que corregirla. La condena estaba firmada por el entonces presidente del TSJPV, Manuel María Zorrilla, a quien a los pocos meses Lakua concedió el premio Manuel de Irujo 2005 por según dijo el lehendakari su «lealtad institucional» y porque «nos ha permitido creer en la justicia en tiempos complicados». Por último, cabe recordar que todo lo criticable que Lakua ve en determinadas actuaciones del TSJPV se acrecienta cuando se examina a la Audiencia Nacional, tribunal de excepción con el que el Gobierno autonómico colabora cotidianamente y de motu proprio. -
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