Andan en “Abc” a golpe de filtración y supuesta «exclusiva». Ayer nos contaron hasta las carreritas matutinas que se daba Josu Urrutikoetxea durante las reuniones que, dicen, mantuvo en Oslo con el dirigente del PSE Jesús Eguiguren. Y también le dedicaban un editorial al asunto.

Según el editorialista, lo dicho por “Abc” ha sido «confirmado de manera tácita pero inconfundible por el Gobierno y por su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero», y ello le produce «una muy seria preocupación sobre el alcance de las contrapartidas ­el llamado precio político­ que el Ejecutivo y su partido, y también sus demás aliados parlamentarios, estarían en disposición de ofrecer a la banda terrorista ETA a cambio del fin de la violencia». Ya empiezan a alarmar.

Dice más el escriba de Zarzalejos. Dice que, incluso en el caso de que ETA anunciara el abandono definitivo de las armas, «tal desistimiento en la acción terrorista no puede ni debe compensarse con ningún tipo de contraprestación, y mucho menos con las previstas en el preacuerdo alcanzado por el PSE, el PNV y Batasuna. El Estado puede implementar determinadas medidas de generosidad hacia aquéllos que, habiendo practicado la violencia terrorista, la abandonen de modo definitivo y sincero, recabando el perdón de las víctimas». Y ahora viene Paco con la rebaja:«Pero lo que el Gobierno no puede hacer es ofrecer, a cambio de la paz, una mesa extraparlamentaria de partidos políticos vascos en la que se respaldarían pronunciamientos que atenten contra la soberanía y la unidad de España, por más que se busquen eufemismos para eludir los preceptos que determinan que la Nación española se constituye en un Estado social y democrático de Derecho; que la soberanía nacional reside, en definitiva, en el conjunto del pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado». Ahora griten al unísono, alto y claro:¡Arriba!

La Constitución, como reza textualmente su artículo 2, «se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas», de tal manera que afectar el fundamento de la Carta Magna sería tanto como atentar contra las reglas que rigen la convivencia política y jurídica de los españoles». ¡Qué pesaditos se ponen! -

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