Es costumbre ya enraizada que con motivo del comienzo del curso académico en las universidades sus rectores ofrezcan un discurso inaugural. Con un contenido normalmente vinculado a la situación de la propia Uni- versidad, aunque a veces se haga mención de la política universitaria general y de la coyuntura política. En este sentido, la intervención del rector de la UPV se ha centrado en los aspectos internos del funcionamiento universitario, enmarcándolos continuamente en las exigencias derivadas de la implantación de un espacio europeo de enseñanza supe- rior: calidad de la enseñanza e investigación, plan de desarrollo de los campus de la UPV, idiomas, relaciones Universidad-empresa, proyección social de la Universidad, proyecto de carrera profesional, cuestiones relativas al personal de administración y servicios etc. También ha hecho referencia al actual proceso político en Euskal Herria, vinculándolo a los derechos civiles fundamentales. En este apartado ha dirigido críticas a la actuación del Estado por el sumario18/98 y por no permitir a las personas reclusas en cárceles españolas matricularse en la UPV.

Sin embargo, lo más reseñable de su discurso, desde nuestro punto de vista, no se encuentra tanto en lo que ha dicho sino en lo que ha callado. Lo importante no radica en lo planteado ­sobre lo que caben distintas opiniones­, sino en lo excluido. Pensamos que es todo un síntoma de lo que se quiere obviar para no incurrir en contradicciones: la dependencia de la UPV del sistema universitario español, que es fiel traducción de la dependencia y subordinación de nuestro pueblo al Estado central.

Resulta sorprendente que a escasos días de la aprobación por el Consejos de Ministros español del Proyecto de ley Orgánica modificadora de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), este hecho no sea mencionado ni analizado en un acto de inicio de curso en la Universidad. Se pretende, quizá, dar la sensación de que esta nueva ley estatal, como su base de partida (LOU), no influyen en el funcionamiento y desarrollo de la actividad universitaria. De sobra sabe el rector que las normas legislativas españolas en materia universitaria afectan plenamente a la autonomía de esta Universidad y de esta Comunidad Autónoma, a la democracia interna, al principio de igualdad, a los planes que se pretenden elaborar y, en general, a la capacidad de decisión propia de la universidad y de las instituciones de nuestro país. Y esto no hay quien se lo salte a pesar de tanta invocación a Europa, ya que nuestro vínculo con el supuesto marco universitario europeo no es directo, sino que pasa inexorablemente por el Estado español. Lo que obliga a aceptar previamente las leyes españolas que niegan nuestros derechos.

Mencionemos también otros olvidos: ¿Por qué las autoridades universitarias no critican abiertamente el recurso de inconstitucionalidad promovido por el partido en el Gobierno español y que está impidiendo el desarrollo de las figuras propias de profesorado recogidas en la ley «Iztueta»? ¿Por qué no se exigen desde los órganos de gobierno universitarios las transferencias en materia universitaria, entre ellas la fundamental relativa al profesorado?

En cuanto a los derechos fundamentales, ¿no se incluye entre ellos el de la autodeterminación o, en el lenguaje utilizado ahora, el derecho a decidir? Los rectores de algunas universidades catalanas se han pronunciado en más de una ocasión a favor de su reconocimiento. ¿Cuándo va a hacer la UPV como institución una declaración pública en este sentido? Derecho a decidir que en su aplicación al ámbito universitario significaría capacidad de la comunidad para crear leyes universitarias propias. ¿Tiene el rector algún proyecto «estratégico» al respecto? Un proceso político basado en el ejercicio de ese derecho exigiría de la Universidad el trabajo de formular las ideas, los principios y las bases de un modelo universitario vasco en consonancia con los cambios políticos a los que la sociedad vasca aspira. Poniendo al servicio de los partidos, las organizaciones sociales y las instituciones públicas sus propuestas. Sería ésta una labor de anticipación que estaría en consonancia con el carácter universal de esta institución.

Para terminar, dos datos: recordemos que en el juicio18/98 no sólo está incluso un profesor de la UPV. Hay otro profesor, que aunque despedido, también forma parte de los acusados. El hecho de no citarlo representa una evidente falta de sensibilidad. Pero más injusto es, sin duda, no referirse a la situación de 103 estudiantes juzgados por el «enorme delito» de protestar con un encierro contra la LOU, y a que fue la propia UPV la que puso en marcha el desalojo policial. -