Diferentes personas vinculadas al mundo de la cultura vasca se dieron cita ayer en la Facultad de Trabajo Social de Gasteiz para mostrar su apoyo a Ekaitz Samaniego, condenado a ocho años de prisión por su militancia abertzale, y para reivindicar el fin de los juicios políticos contra la juventud independentista de Euskal Herria.

En una rueda de prensa, la bertsolari Irati Anda y el escritor Iban Zaldua tomaron la palabra para reivindicar la libertad inmediata de todas aquellas personas que se encuentran encarceladas por su actividad política y social. A este respecto, señalaron que en la actualidad más de 120 ciudadanos vascos se encuentran privados de libertad por su actividad política, padeciendo la política penitenciaria vigente en los estados español y francés, que castiga con la dispersión a todas aquellas personas encarceladas por su militancia abertzale.

Además, otras 180 personas esperan un futuro incierto que pasa por la Audiencia Nacional española. «Estas personas esperan a que se juzgue el ejercicio que han hecho de sus derechos civiles y políticos, que en teoría deberían estar garantizados», añadió Zaldua, quien recordó que el este problema no afecta solo a las mujeres y a los hombres vinculados a la izquierda abertzale, «directamente criminalizados» por los dos estados situados al norte y al sur de los siete herrialde.

A su parecer, los estamentos judiciales han «criminalizado toda expresión de disidencia en la calle y de divergencia respecto al `discurso único'», y el gran perjudicado de dicha posición ha sido el «rico y diverso» tejido asociativo constituido en Euskal Herria, que «ha visto diezmados derechos básicos como el de manifestación y el de libre expresión».

Durante su comparecencia ante los medios, los dos portavoces -que estuvieron acompañados por un amplia representación de la cultura vasca, entre los que destacaba la presencia del bertsolari Andoni Egaña y del escritor Juan Ibarrondo- exigieron la derogación de la legislación de excepción «conculcadora de derechos civiles y políticos» puesta en marcha desde Madrid.

Tal como manifestaron, la apuesta política diseñada por los gobiernos de Rajoy (PP) y Sarkozy (UMP), «basada en la conculcación sistemática de derechos civiles y políticos nunca debió tener lugar». Esta opinión es compartida por el Comité de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, que ya ha advertido al Estado español de la incompatibilidad de su «legislación excepcional» con el derecho internacional.

En palabras de los agentes culturales presentes, «el problema no es solo la interpretación extensiva y no garantista de la ley, la cuestión es que el Estado español ha desarrollado una herramienta legal ilegítima». Por último, Zaldua destacó que la citada herramienta «hoy más que nunca está fuera de tiempo y de lugar».