Diferentes personas vinculadas al mundo de la cultura vasca se dieron cita ayer en la Facultad de Trabajo Social de Gasteiz para mostrar su apoyo a Ekaitz Samaniego, condenado a ocho a�os de prisi�n por su militancia abertzale, y para reivindicar el fin de los juicios pol�ticos contra la juventud independentista de Euskal Herria.

En una rueda de prensa, la bertsolari Irati Anda y el escritor Iban Zaldua tomaron la palabra para reivindicar la libertad inmediata de todas aquellas personas que se encuentran encarceladas por su actividad pol�tica y social. A este respecto, se�alaron que en la actualidad m�s de 120 ciudadanos vascos se encuentran privados de libertad por su actividad pol�tica, padeciendo la pol�tica penitenciaria vigente en los estados espa�ol y franc�s, que castiga con la dispersi�n a todas aquellas personas encarceladas por su militancia abertzale.

Adem�s, otras 180 personas esperan un futuro incierto que pasa por la Audiencia Nacional espa�ola. �Estas personas esperan a que se juzgue el ejercicio que han hecho de sus derechos civiles y pol�ticos, que en teor�a deber�an estar garantizados�, a�adi� Zaldua, quien record� que el este problema no afecta solo a las mujeres y a los hombres vinculados a la izquierda abertzale, �directamente criminalizados� por los dos estados situados al norte y al sur de los siete herrialde.

A su parecer, los estamentos judiciales han �criminalizado toda expresi�n de disidencia en la calle y de divergencia respecto al `discurso �nico'�, y el gran perjudicado de dicha posici�n ha sido el �rico y diverso� tejido asociativo constituido en Euskal Herria, que �ha visto diezmados derechos b�sicos como el de manifestaci�n y el de libre expresi�n�.

Durante su comparecencia ante los medios, los dos portavoces -que estuvieron acompa�ados por un amplia representaci�n de la cultura vasca, entre los que destacaba la presencia del bertsolari Andoni Ega�a y del escritor Juan Ibarrondo- exigieron la derogaci�n de la legislaci�n de excepci�n �conculcadora de derechos civiles y pol�ticos� puesta en marcha desde Madrid.

Tal como manifestaron, la apuesta pol�tica dise�ada por los gobiernos de Rajoy (PP) y Sarkozy (UMP), �basada en la conculcaci�n sistem�tica de derechos civiles y pol�ticos nunca debi� tener lugar�. Esta opini�n es compartida por el Comit� de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, que ya ha advertido al Estado espa�ol de la incompatibilidad de su �legislaci�n excepcional� con el derecho internacional.

En palabras de los agentes culturales presentes, �el problema no es solo la interpretaci�n extensiva y no garantista de la ley, la cuesti�n es que el Estado espa�ol ha desarrollado una herramienta legal ileg�tima�. Por �ltimo, Zaldua destac� que la citada herramienta �hoy m�s que nunca est� fuera de tiempo y de lugar�.