Seis dirigentes políticos y sindicales vascos están a la espera de que un tribunal español de excepción como es la Audiencia Nacional determine si deben ser encarcelados por haber ejercido públicamente su actividad política. Les acusan de «colaboración con banda armada» por la convocatoria de los paros y movilizaciones del pasado jueves 9 de marzo contra la dispersión, jornada en la que, según el propio consejero de Interior de Lakua, se destacó el control de los convocantes para garantizar que no hubiera «algaradas», en terminología de Javier Balza. El hecho de que varios de los imputados sean los interlocutores reconocidos de sus respectivas formaciones en las relaciones políticas y sindicales al más alto nivel, y que la citación se produzca cuando a través de esas labores de interlocución se intenta abrir un proceso de soluciones para Euskal Herria, ha suscitado el lógico revuelo.

En el ámbito del llamado constitucionalismo español la respuesta más común ha sido recurrir al discurso formal sobre la separación de poderes, cuando la realidad ha demostrado que la actuación de la Audiencia Nacional en cuestiones relacionadas con el independentismo vasco nunca ha sido ajena al movimiento de resortes políticos. Desde el PNV, tanto el lehendakari como el presidente del EBB, se han mostrado disconformes con las citaciones, han reconocido como interlocutores a algunos de los imputados y no han perdido la ocasión de lanzar serios reproches contra Batasuna por «mantener el conflicto en las calles», demandándoles que «trabajen en política».

El triángulo de reacciones lo cierra la comparecencia conjunta realizada ayer por diversos partidos, organismo sociales y la mayoría sindical que, como hicieran la víspera los propios imputados, insistieron en que «cuanto mayores sean los ataques contra la puesta en marcha de un proceso de paz, mayor debe ser la determinación de los que estamos comprometidos con las soluciones que Euskal Herria necesita». Se trata de una reacción que, además, surge de una valoración positiva de lo que ya se está haciendo en este país, en el que observan que «poco a poco se están generando las condiciones necesarias para dar inicio a un proceso de superación del conflicto». Son este tipo de compromisos, forjados por encima de intereses partidistas, los que garantizan un blindaje del proceso y hacen prever que, pese a las agresiones y las respuestas contemporizadoras de determinados sectores, se puede seguir avanzando a la búsqueda de una solución de democracia y paz. -