Seis dirigentes políticos y sindicales vascos están a la espera de que un tribunal español de excepción como es la Audiencia Nacional determine si deben ser encarcelados por haber ejercido públicamente su actividad política. Les acusan de «colaboración con banda armada» por la convocatoria de los paros y movilizaciones del pasado jueves 9 de marzo contra la dispersión, jornada en la que, según el propio consejero de Interior de Lakua, se destacó el control de los convocantes para garantizar que no hubiera «algaradas», en terminología de Javier Balza. El hecho de que varios de los imputados sean los interlocutores reconocidos de sus respectivas formaciones en las relaciones políticas y sindicales al más alto nivel, y que la citación se produzca cuando a través de esas labores de interlocución se intenta abrir un proceso de soluciones para Euskal Herria, ha suscitado el lógico revuelo.>>>

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