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Gara > Idatzia > Jendartea 2006-05-04
Los «cambios sustanciales» del PNV a la Ley de Suelo son rechazados por el PSE
La propuesta del PNV sobre la Ley de Suelo no gusta al PSE. Tras calificarla como «totalmente inaceptable» y «socialmente injusta», su portavoz de VIvienda, Jesús Loza, censuró ayer en Bilbo los «cambios sustanciales profundamente conservadores» que se proponen. No descartó, sin embargo, introducir «pequeñas modificaciones».

BILBO

El parlamentario y portavoz de Vivienda del PSE, Jesús Loza, manifestó ayer que su partido está dispuesto a establecer «pequeñas mejoras y modificaciones que puedan ayudar a que el consenso» sobre la Ley de Suelo sea «mucho mayor», aunque también advirtió de que «no puede haber modificaciones sustanciales profundamente conservadoras de esta ley, como las que pretende introducir el PNV».

Subrayó, en ese sentido, que la propuesta de la formación jeltzale es «totalmente inaceptable», «socialmente injusta y regresiva» y que «empeora», en tres aspectos, la Ley de Suelo acordada entre el tripartito, PSE y Aralar.

Loza aseguró, por una parte, que la supresión de los límites máximos de renta para poder acceder a una vivienda pública «va en contra de cualquier política social ante un bien escaso como es la vivienda». A su entender, ello «va a hacer que todo el mundo, incluso las personas que tengan acceso a una vivienda libre, puedan optar a la Vivienda de Protección Oficial (VPO)». Un planteamiento que, en opinión del parlamentario del PSE, es «profundamente injusto y conservador».

Criticó, asimismo, que la «reflexión» del PNV no establezca límites mínimos de VPO de régimen general, que rondan los 120.000 euros, a pesar de que el estudio de necesidades del propio Gobierno de Lakua «dice que el 42% de los demandantes no pueden pagar más que hasta esa cuantía máxima».

«De primera y segunda»

Alertó del «riesgo claro» que supone que los ayuntamientos sean los que establezcan los porcentajes de vivienda tasada y protección oficial. Al respecto, advirtió que «nos podemos encontrar con que se hagan ciudades y pueblos de primera y de segunda».

Loza denunció, en tercer lugar, la propuesta de suprimir la aprobación definitiva, por parte de los ayuntamientos, del Plan General de Ordenación Urbana en los municipios de más de 20.000 habitantes, recuperando las diputaciones «lo que habíamos conseguido pactar con el Gobierno a favor de la autonomía municipal», señaló.

A su entender, es «de una tremenda irresponsabilidad y no tiene ningún sentido» que el PNV haya planteado «para la reflexión cuestiones que em- peoran claramente una ley tan importante». El representante del PSE se mostró partidario de mantener el acuerdo alcanzado con el Gobierno de Lakua y, por ello, no se opone a introducir «pequeñas mejoras».

Confió en que haya una Ley de Suelo en la que se alcance un acuerdo y que el PNV «rectifique y muestre su apoyo sin reticencias». Antes de concluir, recordó la reflexión del portavoz del EBB, Iñigo Urkullu, quien afirmó que si no se aceptaba la propuesta de la formación jeltzale «no pasaba nada».



Modificaciones en torno a vivienda tasada

BILBO

El parlamentario del PSE Jesús Loza explicó el contenido de las «pequeñas modificaciones» que su formación estaría dispuesta a aceptar. Se mostró partidario a efectuar un «pequeño» incremento en los límites de ingresos para acceder a las viviendas tasadas y en los ingresos máximos de este tipo de viviendas de régimen autonómico y municipal.

Manifestó que su grupo también contempla la posibilidad de aumentar la vivienda tasada en el suelo urbanizable. El acuerdo alcanzado entre PSE y los partidos que componen el Gobierno de Lakua contempla un 55% de VPO, 10% de tasada autonómica y 10% de tasada municipal.

El PSE daría el visto bueno a que haya un 50% de VPO, 10% de tasada autonómica y 15% de tasada municipal.

Loza explicó, asimismo, que está dispuesto a un «ligero» incremento del porcentaje del suelo reservado para jóvenes y mayores, así como para vivienda social, y a bajar el límite de 20.000 habitantes hasta los 15.000 ó 10.000 residentes, a la hora de que los ayuntamientos aprueben sus planes de ordenación urbanística.


 
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