El que llamamos proceso de paz que se pretende poner en marcha tras la declaración del alto el fuego hecha por ETA, incluye como una de sus dimensiones fundamentales la llamada «normalización». No se trata de algo nuevo, como si fuera una criatura nacida de la tregua (En este contexto no es fácil de conocer el significado de la declaración hecha en nombre de ETA, en el Gudari Eguna en Oiartzun. Con todo, los partidos, con excepción del PP, y el mismo presidente del Gobierno, son unánimes en afirmar que tal declaración no impide que el proceso de la paz haya de seguir adelante). Al menos para quienes son conscientes de que el llamado «conflicto vasco» no puede reducirse, sin más, al con- flicto generado por la violencia armada de ETA. La «normalización» del Pueblo Vasco tiene ante los ojos el logro de una forma de relación política y jurídica de este Pueblo con el Estado español que, siendo asumida libremente por la gran mayoría de la ciudadanía vasca, asegure un marco justo de actuación política y social en libertad. La convivencia así normalizada debería posibilitar la dinámica político-social propia de una sociedad democrática, a través de cauces legítimamente definidos.

Una normalización política de esta naturaleza es, en sí misma, un objetivo político. Al menos si entendemos por política la actividad que tiene como finalidad la construcción de una convivencia en la que el pueblo se configura como colectivo en el que a todos y a cada uno de los ciudadanos se les posibilita ejercer sus derechos democráticos fundamentales. Esta «normalización» es la gran tarea política que actualmente le toca realizar al Pueblo Vasco, no obstante la pluralidad de las visiones y las opciones políticas existentes en el mismo. Construir las bases de la convivencia del pueblo en justicia y libertad es una tarea política en la que todos tienen el derecho pero también la responsabilidad de participar. Pero, ¿cómo han de hacerlo?, ¿de qué manera?

2. No es ésta una pregunta superflua u ociosa. Pues no todos pensamos de la misma manera en el momento de definir lo que ha de ser lo mejor, a fin de que para todos haya un espacio social y político en el que cada uno pueda ejercer sus propios derechos. No sólo los individuales sino también los colectivos. Al plantearnos la necesidad de crear un nuevo marco jurídico- político para Euskal Herria, es absolutamente necesario que no perdamos de vista esta perspectiva general y de totalidad. Cada uno ha de buscar desde la perspectiva de su propio posicionamiento político lo que considere ser lo mejor para la totalidad del pueblo. Sin olvidar por ello que otros tienen el derecho a pensar que no son esas las mejores vías de convivencia y de actuación para la vida político-social.

En todo caso, en una sociedad libre y democrática los partidos tienen solamente la representación política de la parte de la población que les ha votado. Pero, aun así y con todas las limitaciones propias de las llamadas democracias de partidos, la representación política atribuida por los votos, aun siendo parcial, pretende lograr un poder que ha de influir y actuar eficazmente incluso sobre aquellos que no les han votado. La razón es clara. La sociedad que es una en la pluralidad de los individuos y los grupos que la configuran, necesita también de una autoridad que se ejerza sobre toda ella.

3. La legitimidad democrática de este planteamiento difícilmente puede rechazarse. Exige, sin embargo, que se tenga también en cuenta la peculiaridad, la naturaleza propia del proceso que se quiere poner en marcha. Se trata de algo muy fundamental y condicionante de la totalidad de la convivencia política. Se quiere crear ese marco jurídico que, en lo posible, sea válido para todos o, al menos, para la gran mayoría de los ciudadanos, porque así han querido aceptarlo en libertad y no solamente como impuesto por el poder de una mera mayoría numérica.

En tanto no exista esa aceptación en libertad del nuevo marco jurídico, no podrá hablarse de una «normalización» de Euskal Herria ni de una justa autodeterminación de la ciudadanía vasca, que sostenga el marco históricamente exigible en el momento actual. Si se quiere un marco que sea asumido en libertad, la perspectiva de la totalidad no deberá verse como una renuncia impuesta coactivamente, contraria al bien de la comunidad política vasca, sino como expresión de una voluntad política plural de un pueblo también plural, que quiere ser libre desde su propia realidad existencial.

No se trata, pues, de conquistar un poder que se imponga a la fuerza a los demás, sino de hallar la forma más adecuada de configurar una manera de convivencia, en la que haya sitio para todos los proyectos políticos respetuosos de los derechos fundamentales de la auténtica democracia. -