DONOSTIA

El texto no se refiere a lo acordado ayer por los ministros, sino a la política que mantienen los gobernantes europeos en relación a la llamada Frontera Sur, que según dicha organización es, «en términos económicos, la más desigual del mundo». Y en la cita de ayer en Luxemburgo no se hizo más que profundizar en lo que ya se estaba haciendo, poniendo más medios para ello, sin reparar en las muertes que está causando.

El documento aprobado por los Veinticinco admite la «especificidad» de las costas del Mediterráneo, reclama la «solidaridad» europea y pide un «reparto equitativo de responsabilidades» entre los estados miembros y con los países de origen y tránsito de los inmigrantes. Para el titular español de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, la decisión de la UE supone un «espaldarazo» a las políticas que está llevando a cabo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en este terreno. «Este documento recoge punto por punto las políticas que estamos llevando a cabo desde España para luchar contra la inmigración ilegal», resumió Rubalcaba.

Los ministros piden desarrollar un sistema de «gestión de las fronteras exteriores» atendiendo a las particularidades de cada una de ellas para lograr una «estrategia a largo plazo». Además, reclama a la Comisión estudiar la creación de una Red Mediterránea de Patrullas Costeras y estudiar nuevas medidas operativas para prevenir y gestionar las situaciones de crisis migratorias. Asimismo, se quiere estudiar la posibilidad de reforzar Frontex con más medios y más personal, así como incrementar su presupuesto, para que desarrolle y mejore su respuesta frente a situaciones de crisis, en especial mediante «procedimientos rápidos de coordinación con los estados miembros que participan en Frontex».

También se pide a la Comisión analizar los instrumentos de la legislación marítima internacional, junto a las leyes sobre refugio y asilo, para desarrollar «una pauta clara de actuación para atajar los flujos migratorios en alta mar».

Asimismo, quieren evaluar los medios para apoyar a los estados que tienen que acoger gran número de inmigrantes, incluidos menores de edad. Reclama también estudiar los modos y medios para mejorar la identificación y la repatriación de los inmigrantes sin papeles mediante la creación de bases de datos europeas y una «utilización más eficaz de las existentes».

SOS Racismo, que lleva diez años tratando de documentar las violaciones de derechos humanos en la Frontera Sur, sostiene que «la UE consensúa exclusivamente medidas de control y restricción en el acceso a su territorio entre los diferentes Ministerios de Interior y de Justicia de los estados miembros, y el Gobierno español no deja de exigir un consenso y coordinación en el mismo sentido ­afirma la ONG­. La Europa actual acepta la necesidad de la inmigración para mantener su economía, pero a la vez contempla a los inmigrantes unilateralmente, como simple mano de obra barata y sin derechos».

En su opinión, «crece la Europa fortaleza, donde los discursos y propuestas más conservadoras y de extrema derecha proliferan, no sólo por un aumento de estas formaciones políticas, sino por la extensión de este discurso en gran parte de la política».

Miles de muertos

«386 muertos y desaparecidos en el año 2005, 289 el año 2004, 236 el año 2003, 152 el año 2002... y más de 260 en los ocho primeros meses del año en curso. ¿Cuántos muertos más necesita el Gobierno para darse cuenta de lo profundamente inhumano de su posición de fondo? ¿O es que esos muertos no cuentan?», se pregunta SOS Racismo.

Quizá no, a juzgar por la actuación de las autoridades españolas en relación al naufragio del pasado miércoles. Anoche aún no se había establecido ningún dispositivo de búsqueda de los inmigrantes ahogados, ya que, según un portavoz de Salvamento Marítimo, «no consta ninguna información oficial de que en la embarcación viajasen otras personas además de los once rescatados».