El Congreso español aprueba la nueva Ley de Dependencia
El pleno del Congreso de los Diputados dio ayer luz verde al proyecto de ley de atención a las personas con problemas dedependencia, sobre todo de ancianos y discapacitados, que no pueden valerse por símismos para las tareas cotidianas de la vida, como lavarse, vestirse o comer. CiU, PNV, EA y Nafarroa Bai votaron en contra.
GASTEIZ
«Hay pocos días tan hermosos como éste», resumió el ministro de Asuntos Sociales, Jesús Caldera, tras la aprobación por el Congreso de la nueva ley española de Dependencia. La norma tendrá un desarrollo gradual, hasta 2015, y se empezará a aplicar sobre las personas dependientes que se encuentren en peor situación. El futuro sistema incluirá prestaciones (atención domiciliaria, teleasistencia, centros de día, residencias) y prestaciones económicas vinculadas a la contratación de servicios privados. Además, recoge la posibilidad de que los cuidadores familiares reciban una compensación económica y sean dados de alta en la Seguridad Social.
El texto, que empezará a aplicarse en 2007, contó con el respaldo de todos los grupos, salvo CiU, PNV, EA y Nafarroa Bai, que aunque comparten los fines, consideran que invade competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de servicios sociales.
Emilio Olabarria (PNV) criticó la «dialéctica tramposa» del ministro y la actitud crítica de su grupo. A su modo de ver, la ley no es universal y en enero de 2007 no podrá aplicarse por falta de infraestructuras. El PNV entiende que «corroe» competencias autonómicas y acusa al Gobierno de «falta de coraje» por no incrementar las partidas presupuestarias.
Uxue Barcos, de Nafarroa Bai, defendió un modelo de asistencia a los dependientes «con todas las herramientas y no contra las herramientas que ya existen». En la misma línea, Begoña Lasagabaster (EA), aseguró que «el debate no reside en la necesidad de impulsar el sistema de la dependencia» sino en el ámbito jurídico y competencial de la Ley.
Batasuna: «No es la ley que necesitamos»
GASTEIZ Batasuna reafirmó ayer su apuesta «por un sistema de Protección Social propio para Euskal Herria, público, universal y de calidad, debatido con los agentes sociales y al servicio de la sociedad vasca». Una postura que contrasta con el «un nuevo marco normativo a nivel del Estado que va a limitar la capacidad de maniobra de Hego Euskal Herria para poder establecer las bases de un sistema de protección social propio y progresista adecuado a nuestras necesidades». Añade en su crítica que «todas las políticas que se quieran llevar hacia adelante en este campo por las diputaciones y los ayuntamientos se tienen que atener a este marco estatal establecido». La portavoz del Gobierno de Lakua, Miren Azkarate, también criticó ayer esta ley, al considerar que «no respeta las competencias de Euskadi» en esta materia y que «no se pueden solapar bajo la advocación de la Constitución diciendo que es un derecho básico». «Por encima, o junto a eso si se quiere, están las competencias de cada comunidad autónoma para organizar lo que son la prestación de todos los servicios de Dependencia, y también la reclamación de que eso se tiene que realizar a través del régimen de la Seguridad Social y no con el planteamiento que se hace en la actual ley», añadió. El Ejecutivo de Lakua, las diputaciones y Eudel también denunciaron el pasado marzo que el proyecto aprobado ayer «invade competencias» y «discrimina». Según la memoria económica de la Ley, la Administración General del Estado aportará más de 12.638 millones de euros hasta 2015. Las comunidades autónomas deberán aportar una cantidad similar. En este ámbito, firmarán acuerdos para garantizar la sostenibilidad del sistema en el futuro. Las autonomías, por su parte, podrán mejorar la atención con cargo a sus presupuestos.
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