Durante semanas, a veces en público y otras en privado, jueces y abogados civiles y militares, las principales organizaciones nacionales de derechos civiles y humanos, generales y otros altos oficiales castrenses se sumaron a las voces menos sorprendentes de las organizaciones y coaliciones antiguerra, liberales y más.

En carta enviada el 25 de septiembre ­días antes de la votación para aprobar la ley­ a senadores y representantes federales, más de 30 ex embajadores y diplomáticos de alto rango solicitaron al Senado que no anulara el habeas corpus porque «no hay un principio más central de la democracia», ya que establece que el Poder Ejecutivo no podrá detener a menos que cuente con el consenso de un Poder Judicial independiente.

El promotor de la carta es William D. Rogers, ex subsecretario de Estado (su jefe fue Henry Kissinger), y se suman diplomáticos reconocidos como Thomas Pickering (embajador en Centroamérica y ante Naciones Unidas, entre otros puestos), Anthony Quainton, Alexander Watson (ex subsecretario de Estado para América Latina), Princeton Lyman, J. Brian Atwood, Harry Barnes, Donald McHenry, Edward Corr y el ex asesor de Seguridad Nacional Anthony Lake.

La misiva, copia de la cual obtuvo “La Jornada”, señala que «nos han dicho que el propósito central» de la política exterior deBush es «la promoción de la democracia para otros», pero indica que «eliminar el habeas corpus en EEUU como recurso para ciudadanos de otros países que han caído en nuestras manos no puede ser otra cosa más que un burla de esta pretensión a los ojos del resto del mundo». Agregan que «proclamar que el gobierno democrático como la forma suprema de gobierno al resto del mundo al mismo tiempo que estamos eliminando la avenida más importante de defensa ante la detención arbitraria por un gobierno, no servirá a nuestros intereses en el mundo».

Por otro lado, una carta enviada a todos los senadores por la Asociación Nacional de Abogados (American Bar Association, o ABA), la principal organización nacional de la profesión legal, expresa su oposición a la propuesta que fue aprobada pocos días después en el Capitolio. «El habeas corpus, que asegura la protección contra la detención injusta por un gobierno, es uno de los pilares de nuestro sistema constitucional», subraya.

A la vez, la ABA también instó al Gobierno de Bush a cumplir plenamente con las Convenciones de Ginebra y expresó su preocupación de que la nueva ley implica no sólo limitar protecciones judiciales a detenidos, sino también la autorización de «técnicas severas de interrogación» para agencias civiles estadunidenses.

«Cuando nos negamos a observar las normas internacionales para el tratamiento de dete- nidos... alentamos a otros en el mundo para que hagan lo mismo», afirma la ABA en la carta firmada por su presidenta, Karen Mathis.

Vale recordar que ex abogados militares de los más altos rangos se presentaron ante el Congreso para repudiar la formulación de la ley advirtiendo de sus graves consecuencias, y uno de ellos, el almirante John Hutson, quien fue el abogado militar de mayor rango en la marina, declaró que sin las protecciones del habeas corpus y más, «seremos nada más que otra república bananera».

Hubo hasta una carta en contra de esta propuesta de ley del ex general y ex secretario de Estado Colin Powell.

Menos sorprendentes fueron los comunicados y cartas enviadas el Congreso por más de 300 profesores de leyes, la Unión Americana de Libertades Civiles, Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI), el Center for Constitucional Rights, National Lawyers Guild y otras organizaciones defensoras de derechos humanos, civiles y legales en este país.

También figuras reconocidas publicaron artículos en medios nacionales y editorialistas de diarios como el “New York Times”, rechazaron esta ley.

Nueva politica oficial

El “Washington Post”, por ejemplo, publicó un artículo de Ariel Dorfman en que comenta sobre cómo es posible que haya llegado un momento en que se considera la tortura política oficial en este país. «¿No puede ver EEUU que cuando permitimos que alguien sea torturado por nuestros agentes, no es sólo la víctima y el perpetrador son corrompidos, no sólo es la ‘inteligencia’ la contaminada, sino también todos los que miraron a otro lado y dijeron que no sabían, todos los que tácitamente asintieron a ese ultraje para que pudieran dormir un poco más seguros esa noche, todos los ciudadanos que no marcharon por las calles por millones para demandar la renuncia de quien fuera el que sugirió, o susurró, que la tortura es inevitable en nuestros tiempos, que tenemos que abrazar su oscuridad?», preguntó.

Continuó: «¿Estamos tan moralmente enfermos, sordos, mudos y ciegos que no entendemos esto? ¿Somos tan miedosos, tan enamorados de nuestra propia seguridad y bañados en nuestro propio dolor que en verdad estamos dispuestos a que la gente sea torturada» en nombre de EEUU?, escribió en un artículo publicado el 24 de setiembre.

A pesar de la enorme y amplia oposición, la dinámica política electoral y la combinación de miedo y secretos resultó en silencio cuando una mayoría de legisladores federales, que juraron lealtad a la patria y a su Constitución, aprobó esta ley.

Molly Ivins, comentarista política, afirmó que «esta ley desecha limitaciones legales y morales cuando el presidente decida que es necesario (hacerlo); estamos hablando de principios fundamentales de decencia básica, como también de ley». Por tanto, Ivins escribió: «solicito a los que apoyan esta ley que me ahorren una aflicción: no pretendan quedar sorprendidos por las consecuencias de esta legislación. Y no pretendan sorprenderse cuando el mundo nos empiece a comparar con los nazis». -