Madrazo subraya la «responsabilidad» de los ayuntamientos en la Ley de Suelo
Javier Madrazo, consejero de Vivienda de Lakua, destacó ayer en Bilbo la «responsabilidad principal» de los ayuntamientos a la hora de aplicar la Ley de Suelo. En el seminario «Suelo y vivienda para vivir» organizado por la Fundación Sabino Arana, el consejero destacó que a día de hoy adquirir una casa en el mercado libre supone «un sueño imposible» para gran parte de la población e insistió en que la solución vendrá de la mano de la Ley de Suelo.
BILBO
El consejero de Vivienda de Lakua, Javier Madrazo, apeló ayer a la «corresponsabilidad interinstitucional» para afrontar el problema de la vivienda y pidió a las diputaciones que lideren una política fiscal más favorable al alquiler que a la propiedad y a la vivienda protegida en relación a la libre. Madrazo intervino en un seminario en Bilbo de la Fundación Sabino Arana sobre “Suelo y vivienda para vivir” y resaltó la necesidad de disponer de una norma «orientada desde la perspectiva del problema de acceso a la vivienda», en un momento en el que adquirir una casa en el mercado libre supone «un sueño imposible» para gran parte de la población, «especialmente para las personas jóvenes y mujeres con sueldos y contratos precarios». Madrazo analizó los principios de la Ley de Suelo, que entró en vigor el pasado 21 de setiembre, y señaló que el Gobierno «necesita la complicidad de ayuntamientos y diputaciones». Según dijo, «todos debemos implicarnos en la resolución del problema de la vivienda, cada institución en su ámbito competencial». El consejero aseguró la disposición «plena» del Gobierno de Gasteiz para trabajar «codo con codo» con ayuntamientos y diputaciones. Destacó, además, la responsabilidad de los ayuntamientos en el desarrollo de la norma, ya que les corresponde promover los planeamientos urbanísticos. Entre otras actuaciones, recordó que la norma prevé instrumentos como el agente urbanizador y el agente edificador para reducir la duración de los procesos de gestión, establece unas reservas de suelo para vivienda protegida del 75% en suelo urbanizable y del 40% en urbano, potencia el alojamiento de alquiler protegido y crea las viviendas tasadas de regulación municipal o autonómica y los apartamentos sociales en alquiler. La Ley de Suelo promueve, según Madrazo, una fórmula de política de vivienda concreta basada «en el fomento de la construcción de viviendas de precio asequible, frente a una política subvencional».
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