ELA y LAB llaman a parar el viernes en la Administración contra la «imposición»
Los sindicatos ELA y LAB han convocado el viernes a un paro de dos horas a los trabajadores de la Administración General de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa para exigir al Gobierno de Lakua que «abandone la línea de imposición» que mantiene en las relaciones laborales y dar salida, así, a una situación que consideraron «insostenible».
BILBO
Unos 4.700 trabajadores, entre funcionarios e interinos, de la Administración General de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa están llamados el viernes a parar entre las 13.00 y las 15.00 para denunciar la «actuación antidemocrática» del equipo de Función Pública, presidido por la consejera de Hacienda y Administración Pública de Lakua, Idoia Zenarruzabeitia, que «se niega a negociar con los sindicatos e impone sus condiciones en materia de personal».ELA y LAB, convocantes del paro, tacharon de «prepotente y arbitraria»la actitud de la Administración, a la que acusaron de «degradar y dejar en un vacío permanente la negociación colectiva, además de viciar con su talante impositor cualquier intento de acuerdo». Por eso, instaron a Lakua a abandonar la «imposición» y a que «se avenga a tener unas relaciones laborales democráticas basadas en acuerdos con la mayoría sindical». Merced Villa (ELA) y Lander Etxebarria (LAB) insistieron en que esta actitud no afecta sólo a la negociación de las condiciones laborales sino a todos los aspectos que abarcan las relaciones laborales con la Administración, es decir, a la reorganización de los puestos de trabajo, a su nueva descripción y valoración, a la normativa de bolsas de trabajo, al acuerdo regulador de las condiciones laborales y a las privatizaciones, por lo que reclamaron «un cambio radical de actitud». Aseguraron que el equipo de Función Pública pretende realizar una «auténtica reconversión de la Administración», en contra del 80% de la representación sindical, ya que sólo la avala CCOO, que supondrá «una menor movilidad voluntaria, una doble escala salarial, distintas retribuciones para un mismo puesto y menores posibilidades de promoción».
«Irregularidades»
Ambos criticaron que la OPE de 2000 haya tardado seis años en aplicarse, porque «no supieron negociarla y fue recurrida hasta el Supremo», y que se haya hecho cometiendo «irregularidades y arbitrariedades monumentales», como la de «realizar perfiles lingüísticos a su conveniencia».Denunciaron que la nueva regulación de las normas de trabajo conllevará el despido de trabajadores que llevan prestando servicio hasta más de veinte años. Un total de 1.700 personas se ven afectadas por las bolsas de trabajo y, mientras Lakua apuesta por un peso del 80% para la OPEy un 20% para los servicios prestados, los sindicatos se inclinan por un 50% para cada supuesto. Además, exigieron el fin de las privatizaciones, que «ningún sindicato ha avalado».
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