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Gara > Idatzia > Euskal Herria 2006-05-23
La actitud de la Sala obliga a Arizkuren a declarar el día 15
A pesar de que las autoridades francesas sugirieron la posibilidad de adoptar medidas para que Josetxo Arizkuren pudiera declarar antes del 15 de junio, la Sala ni siquiera respondió a su escrito, cuya existencia ocultó, y ordenó que el prisionero declarara después que muchos testigos de la defensa.

MADRID

La sesión del pasado 18 de mayo, la última hasta ayer, finalizó con la protesta del abogado de la defensa Zigor Reizabal por la decisión del tribunal de permitir que dos de los testigos propuestos por la Fiscalía declaren después de que hayan comenzado a hacerlo los de la defensa. Se trata del policía español que tomó declaración a Edorta Jiménez durante su detención en 1984, y del preso político Josetxo Arizkuren, encarcelado en el Estado francés.

En aquella sesión, la presidenta del tribunal, Angela Murillo, anunció que el prisionero vasco no podría declarar hasta el 15 de junio ­lo hará por videoconferencia­ y ordenó que la vista continuara ayer con los testigos de descargo.

Esta decisión motivó que Reizabal, secundado por el resto de los letrados, protestara formalmente por la «transgresión procesal» que supone el hecho de que testigos de la acusación declaren después que los de la defensa. A este respecto, señaló que la decisión del tribunal no estaba jurídicamente motivada y que no se había dado conocimiento a las partes.

Sin embargo, en el tiempo transcurrido desde aquel día la defensa ha conocido más datos sobre este asunto, que la Sala ocultó en aquella sesión, y que motivó una nueva y más enérgica protesta al inicio de la jornada de ayer.

Requerimiento sin respuesta

Según consta en el Rollo de Sala, que incorpora todas las circunstancias que rodean al juicio, Murillo remitió a las auto- ridades francesas un escrito en el que solicitaba la declaración de Arizkuren y en el que recordaba la necesidad de que ésta no se demore en el tiempo, para no dañar los intereses de las partes y del propio proceso, ya que reconocía que los testigos de la defensa no podían comparecer antes que él.

A esta petición, las autoridades francesas respondieron afirmando que el prisionero no podría testificar antes del 15 de junio, porque la prisión en que se encuentra no cuenta con los medios necesarios para llevar a cabo la videoconferencia. Sin embargo, el escrito requería a la presidenta que detallara si creía necesario adoptar alguna medida para que pudiera declarar antes de esa fecha, como pudiera ser, en su caso, un traslado a una prisión que contara con los medios necesarios.

A pesar de disponer de esta posibilidad, Murillo ni siquiera respondió a la misiva, y no hizo ninguna gestión para que Arizkuren declarara antes. En la sesión del día 18 tampoco informó sobre estos hechos y se limitó a decir que el interrogatorio no podría hacerse hasta el 15 de junio.

Tras conocer esta nueva actuación arbitraria del tribunal, que favorece a los intereses del fiscal, los letrados de la defensa recordaron que el artículo 701 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal subraya la obligación de que los testigos de la defensa sean los últimos en declarar, e instaron a la Sala a que no insistiera en el error cometido ya que, una vez iniciados los interrogatorios ya no se podría corregir esta irregularidad. Destacaron también que el proceder de los jueces «vulnera, no sólo el derecho a la defensa, sino también el de tutela judicial efectiva». A este respecto, Jone Goirizelaia censuró que el tribunal tiene «como único fin» el «seguir con el procedimiento adelante sea como sea». La letrada también acusó a los magistrados de, al menos, haber hecho «dejación de sus funciones» ante las autoridades francesas respecto a la declaración de Arizkuren. A pesar de estas protestas, el tribunal se ratificó en la decisión del día 18, y ordenó que comenzara la sesión con los testigos de la defensa.

En definitiva, Arizkuren declarará el día 15; el policía español, aún no se sabe cuándo.



Niegan la versión del fiscal sobre Gadusmar

MADRID

Carlos Quimoy, Miguel Ortega y Juan Arellano, fundadores de la empresa Gadusmar, dedicada a la comercialización de bacalao, explicaron ayer que la idea de crear la empresa en 1994 fue suya y rechazaron que lo hubieran hecho por iniciativa o indicación de ETA.

Los tres afirmaron que hacía años que se dedicaban a la venta de este pescado, y señalaron que habían acudido a Andoni Díaz, a quien Ortega conocía de ser vecinos en Basauri, porque les hacía falta un socio capitalista ­el capital total era de 500.000 pesetas­ y porque Díaz era conocido como cocinero y ganador de concursos gastronómicos.

Fueron ellos cuatro quienes fundaron Gadusmar, en calidad de socios, y no, como consta en el escrito de acusaciones, el propio Díaz y el fallecido militante de ka izquierda abertzale Gorka Martínez, que sí realizó labores de administrador.

Rechazaron, por lo tanto, que Gadusmar fuera «un instrumento idóneo para la financiación de ETA», y detallaron que ni siquiera rindió beneficios. «Apenas para ir tirando», apuntaron.

Por su parte, Bego Garro, que junto a Díaz constituyó la empresa Itsas Izarra, explicó que la misma ni siquiera tuvo tiempo de iniciar sus actividades, debido a la operación policial de 1998, y rechazó que esta empresa fuera sucesora de Gadusmar, que es lo que sostiene la Fiscalía.

Por su parte, Maite Amezaga, que estuvo presa por esta causa y ahora está proce- sada en el sumario 35/02 ­el de las «herriko tabernas»­ explicó que Banaka, empresa en la que trabajaba, era una auditoría que tenía muchos clientes, tanto personas jurídicas como físicas, además de Gadusmar o Untxorri Bidaiak.

En su declaración, rechazó que la asesoría tuviera relación con ETA o con KAS, y negó que hubiera seguido órdenes o directrices de Joxean Etxeberria.



Durante ocho años, ni siquiera fueron citados

MADRID

Joseba Lekunberri, Joseba González y Aitor Zubiaga, fundadores de la agencia de viajes Untxorri Bidaiak, a la que la acusación sitúa en «el entramado financiero de ETA», no han sido citados ni una vez ­hasta ahora­ en los ocho años que han transcurridos desde la operación policial que supuso su cierre. En su declaración de ayer, explicaron que fundaron la empresa a fin de organizar viajes al margen de los circuitos turísticos habituales, especialmente en rutas de montaña, a la que eran aficionados. Como los testigos relacionados con Gadusmar, negaron que hubieran seguido indicaciones de ETA y señalaron que la marcha de la empresa apenas daba para pagar los sueldos de los trabajadores.

También relataron que acudieron a Ramón Uranga, que era amigo de Lekunberri, para registrar la empresa porque tenía el título de Turismo que les exigían, y que le sustituyeron en la administración por José Mijangos por la experiencia de éste en el ámbito en el que trabajaban.



Un guardia civil niega las torturas denunciadas por Nekane Txapartegi
M.D.

IRUÑEA

Un agente de la Guardia Civil que compareció ayer como imputado en el Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid negó que Nekane Txapartegi fuera torturada tras ser detenida en 1999, según informó Torturaren Aurkako Taldea.

Este agente fue identificado por Txapartegi, que está siendo juzgada dentro del sumario 18/98, durante el registro de su domicilio, ya que no pudo ver a ningún otro durante su detención porque le taparon los ojos en repetidas ocasiones.

Este guardia civil negó ante el juez, que llevó a cabo un extenso cuestionario, que Txapartegi hubiera sido torturada durante su detención. El agente compareció como «testigo protegido».

Posteriormente, el abogado defensor trató de preguntar al miembro de la Guardia Civil si «las denuncias por torturas responden a una estrategia previamente establecida por parte de los detenidos de ETA». El juez no permitió que el abogado realizara esta pregunta ni continuara con esa línea de argumentación.

Asimismo, el guardia civil se negó a responder a las preguntas de la abogada de la acusación que representaba a Txapartegi.

Declaró en el 18/98

Este mismo agente compareció el día 15 como testigo de la Fiscalía en el juicio por el 18/98, en el que se negó a responder las preguntas del abogado Kepa Landa en relación a las torturas denunciadas por Nekane Txapartegi y Mikel Egibar ampa- rándose, precisamente, en la comparecencia judicial que realizó ayer.

Nekane Txapartegi se ratificó en su denuncia por torturas ante el juez el pasado 12 de enero, después de que el caso volviera a abrirse tras aceptarse un recurso de reforma en contra de la decisión de archivarlo, que se tomó en enero de 2001.

En su denuncia, Txapartegi relató que fue objeto de agresiones sexuales y que le aplicaron «la bolsa» en repetidas ocasiones mientras permaneció incomunicada en Tres Cantos, y que le amenazaron con matarle cerca de Etxegarate.

Cuatro testigos sufren un accidente en Burgos

El vehículo en el que viajaban cuatro de los testigos que declararon ayer ­Joseba González, Joseba Lekunberri, Maite Amezaga y Aitor Zubiaga­ sufrió un accidente cuando se dirigían a Madrid. Fue a pocos kilómetros de Burgos, cuando un ciervo se cruzó en su camino y chocó con el coche, que quedó seriamente dañado. Afortunadamente, ningún viajero sufrió daños, sólo «un buen susto». Este es el tercer accidente desde el inicio del juicio. En los otros dos resultaron heridos nueve procesados y familiares de Iker Casanova. -


 
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