En el mitin del PSE en Barakaldo, el jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, situó el foco mediático en el anuncio del diálogo con ETA, una cuestión que tiene, indudablemente, una importancia enorme. Pero, en Euskal Herria, no era ése ­o no era sólo ése­ el pronunciamiento que se esperaba. No resulta fácil, por lo tanto, evitar la sospecha de que el anuncio que ha adquirido mayor eco en los medios de comunicación ­el del inicio del diálogo con ETA­ haya sido utilizado, en realidad, como cortina de humo para no pronunciar alto y claro las palabras que se esperan por parte de Rodríguez Zapatero. En definitiva, su intervención del domingo podría resumirse en una idea: el presidente del Gobierno español no llegó a formular el compromiso que le exige una resolución democrática del conflicto político. Pudo rondar algunas de las cuestiones que inciden directamente en dicha resolución, pero sin llegar a explicitar la posición que debiera mantener su Gobierno para propiciar una salida justa y duradera: el reconocimiento de Euskal Herria y el respeto a la decisión que la ciudadanía vasca adopte sobre su futuro.

En el mejor de los casos, podría interpretarse que su discurso supone el primer paso para la formulación efectiva de dicho compromiso. Podría ser, ojalá lo sea, la preparación de próximos pasos en ese sentido. Pero también cabe anidar la duda de que esta intervención se haya concebido, precisamente, como una especie de cortafuegos para no tener que ir más allá. Una declaración no de salida, sino de llegada, sin el recorrido hacia la asunción de las obligaciones exigibles para que un escenario de democracia y paz se abra definitivamente en este país. Será Zapatero quien deba despejar la incógnita y desvelar si está realmente comprometido a desarmar este secular conflicto político. En Euskal Herria, a tenor de las reacciones habidas ayer por diferentes agentes, se le sigue esperando.

Una espera que tampoco debe hacer perder de vista las claves del proceso político, ni servir para eludir las responsabilidades de los diferentes agentes. El debate democrático y el acuerdo resolutivo deben desarrollarse en Euskal Herria en un proceso que responda al fondo y origen del conflicto. El reconocimiento de esta nación y el respeto a la decisión que tomen sus ciudadanos han de sustentarse en un proceso de diálogo, negociación y acuerdo diseñado y consensuado aquí, no en Madrid o París. Obviamente, se trata también de una cuestión de ambos estados, y a sus gobiernos toca afrontar ese hecho y ajustar y atar lo que sea menester.

Y cabe esperar que no caigan en la tentación de escudarse en su legalidad o marcos actuales para hipotecar la decisión que puedan adoptar los ciudadanos vascos sobre su futuro, ya que los más básicos principios democráticos nos dicen que los ordenamientos jurídicos deben adecuarse a la voluntad libre y democráticamente expresada por los ciudadanos, y no al revés.

Euskal Herria está ante una oportunidad inmejorable, y es tiempo de asumir responsabilidades y compromisos claros, y de desactivar prácticas represivas que conculcan derechos, algo que no ha ocurrido en estos dos últimos meses. De hecho, el Gobierno español persiste en esas vías, al tiempo que se resiste a dar pasos concretos que propicien el arranque con garantías de un proceso democrático. Dos meses después, cerrada formalmente por el propio Gobierno español la denominada «fase de verificación», ya no hay lugar para más excusas ni dilaciones. -