El presidente Abu Mazen convocará hoy el referéndum sobre el documento de los presos para el próximo 31 de julio. Las fuerzas islamistas rechazan dicha consulta, porque temen que sea utilizada para arrebatar a Hamas lo que le dieron las urnas en enero: una mayoría en el Parlamento que le permitió formar Gobierno ­no de unidad, como querían, debido a la negativa de los sectores más impresentables, por corruptos, de Al Fatah­. Dicho Gobierno ha sido descalificado por las potencias occidentales, incluida la Unión Europea, haciendo el juego a Israel, a quien le estorban los «socios para la paz» que pueda haber en el pueblo palestino, porque los planes de imposición por la vía de los hechos ­ver cuadro­ siempre le han dado mejores resultados que las negociaciones. La descalificación inicial dio paso a un boicot internacional, o castigo colectivo, contra el pueblo palestino cuyas dimensiones aún no podemos calibrar. Los tribunales internacionales deberían hacer algo al respecto, pero por ahora no se ve disposición a ello. En este contexto, el riesgo de guerra civil es enorme. Así lo perciben muchos palestinos, que se alegraron cuando una iniciativa de los presos parecía marcar el camino a seguir a los políticos. Pero la clase política no está a la altura, tampoco en Palestina, y aquella esperanza se fue al traste.

El referéndum preguntará si se acepta crear un Estado palestino según las fronteras de 1967 (el 22% del territorio de Palestina), antes de que Israel impusiera otras por medio de su enorme capacidad militar. Imagine el lector que gana el «sí». ¿Se podría cumplir? Para ello, Israel tendría que derribar el Muro que construye en Cisjordania y reconstruirlo, si quiere, sobre la «línea verde», y tendría que evacuar a cientos de miles de colonos judíos. Pero eso está muy lejos de los planes del primer ministro israelí Ehud Olmert, que pretende dejar a los palestinos el 54% de Cisjordania y la franja de Gaza, o sea, sólo el 11% de Palestina. -