DONOSTIA

Los representantes de la plataforma afirmaron además que gracias a la colaboración desinteresada, voluntaria y solidaria de la ciudadanía ya han conseguido recaudar alrededor de 210.000 euros.

Egibar, Aristegi y Etxezarreta agradecieron a Euskal Herria la solidaridad mostrada y, a su vez, emplazaron a las instituciones del país a que hagan suyo «el sufrimiento, en este caso económico», que supone también el propio juicio para los encausados. Algunos de ellos se han visto abocados a perder incluso el puesto de trabajo a consecuencia del mismo.

Maite Aristegi reiteró que si ante el inicio de la vista oral, hace siete meses, la plataforma resaltaba que había «mil razones» para paralizarla, a día de hoy son aún más las razones y más graves los argumentos «para que se interrumpa el juicio de inmediato. Además, en el momento político en que vivimos es una sinrazón continuar con esto, a sabiendas de que el Gobierno español tiene mecanismos para anular el juicio. Sería un paso positivo por su parte», prosiguió Aristegi, que también denunció la continua conculcación que el tribunal hace del derecho a la defensa.

El desmantelamiento de la Audiencia Nacional sería, a juicio de Maite Aristegi, otro botón de muestra de que «en este país no se vive en un estado de excepción».

Los números

Mikel Egibar, imputado en el sumario en la pieza correspondiente a Xaki, fue el encargado de poner negro sobre blanco la otra realidad del juicio:los costes económicos y humanos.

Las cifras que Egibar trajo a colación en la comparecencia de Donostia hablan por sí solas. En los siete meses que lleva celebrándose el proceso los 56 encausados han tenido que realizar 23 viajes a Madrid, con un promedio de 25.300 kilómetros, y con el resultado de tres accidentes de tráfico.

Cinco imputados han fallecido, uno de los cuales, Jokin Gorostidi, perdió la vida durante el transcurso del juicio. De entre 70 arrestados, 50 encarcelados y 63 imputados han cumplido en suma 30 años de prisión. Además otros tres imputados han enfermado de gravedad.

El montante total del gasto, la «sangría» económica, se incrementa hasta 1.095.000 de euros desde que se emprendiera el proceso; es decir, 19.562 euros por imputado. Cada mes de este juicio, cada uno se ha tenido que enfrentar a 2.795 euros de gasto por término medio.

Y a todo ello hay que añadir los 4.393.000 euros que suman las fianzas que la mayoría de los imputados abonó para salir en libertad condicional.

A las instituciones

Por todo ello, Egibar agradeció la aportación económica que a través de la compra de bonos, camisetas o por medio de ingresos ha realizado la ciudadanía, que asciende a 210.000 euros. «Este no es un juicio contra unos ciudadanos en concreto, sino contra toda Euskal Herria», concluyó.

Por su parte, Roberto López de Etxezarreta animó a la ciudadanía a que continúe mostrando su solidaridad con las aportaciones económicas, ya que, a su entender, «todo indica que hay una motivación política para que el juicio prosiga cueste lo que cueste».

Pero también lanzó un emplazamiento directo a las instituciones vascas para que, al igual que han hecho unos pocos ayuntamientos, aporten fondos económicos.

Una manifestación partirá hoy a las 19.00 desde el Centro Cívico Iparralde de Gasteiz en exigencia de la paralización del proceso judicial que semana tras semana obliga a viajar a Madrid a más de medio centenar de vascos. Precisamente, ANV volvió ayer a denunciar «los abusos que se están cometiendo con todos los imputados» y apoyó la movilización de Gasteiz. Además, el grupo de trabajo 18/98+ de Deba, que ha desarrollado diferentes actos durante la semana para denunciar el macrojuicio, ha organizado a las 13.00 en la plaza una sokatira en la que se enfrentarán Euskal Herria y el Estado español; después, habrá «hamaiketako». -