Admitida una querella contra Ibarretxe y tres mahaikides por su reunión de abril
Por la imputación de sendos delitos de «desobediencia» y «quebrantamiento de medida cautelar», el TSJPV ha admitido a trámite una querella del Foro Ermua contra Juan José Ibarretxe, Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan Joxe Petrikorena, con motivo de la reunión que mantuvo el lehendakari con los tres mahaikides el 19 de abril.
BILBO
En un momento en que gran parte del debate político está centrado en la anunciada reunión entre el PSE y la izquierda abertzale y contra la que el PP incluso ha anunciado que adoptará medidas, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha admitido a trámite una querella presentada por el Foro Ermua contra Juan José Ibarretxe, Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan Joxe Petrikorena, por la reunión que mantuvieron el 19 de abril en Ajuria Enea.En su resolución, que cuenta con el voto discrepante de la jueza Nekane Bolado, el TSJPV considera que los hechos recogidos en la querella «resultan verosímiles y revisten, en términos indiciarios, significación delictiva, en cuanto a aparentemente constitutivos de delitos de desobediencia y quebrantamiento de medida cautelar». Por contra, según informó Efe, desestima la querella por «prevaricación», «reunión ilegal» y «denegación de auxilio». Con respecto al delito de «desobediencia», el Alto Tribunal señala que Otegi, Petrikorena y Barrena acudieron a la reunión con Ibarretxe «conociéndolo el lehendakari», dice «en nombre de Batasuna y no en el suyo propio como personas físicas». En este punto, indica que el encuentro «no pudo tener lugar sin el consentimiento y concurso del lehendakari, enterado, al igual que el resto de querellados, de la disolución de Batasuna, por razón de ilegalización», por lo que podría deducirse que dicha reunión se efectuó «contraviniendo lo establecido por el Tribunal Supremo». Reitera que los mahaikides fueron a Ajuria Enea como representantes de Batasuna y que Juan José Ibarretxe era conocedor de ello, actitud que podría «considerarse constitutiva de un posible delito de quebrantamiento de medida cautelar». En su voto particular, Bolado afirma que de la querella no se deduce que la reunión se realizara «con un propósito delictivo». Además, recurre a la doctrina del Supremo para inadmi- sión cuando «factores de interés público pueden aconsejar o justificar una decisión que, siendo formalmente contraria a la ley, pero huérfana del ámbito subjetivo del ilícito, está impulsada por el deseo de atender a las necesidades inaplazables del interés general». Una vez conocida la noticia, las reacciones se sucedieron. Fuentes de Lehendakaritza citadas por Efe señalaron que la resolución «se comenta por sí sola» y que no va a «renunciar al diálogo con el propósito de construir la paz definitiva y alcanzar acuerdos que nos permitan la normalización política».
Pasos para superarlo
La otra parte afectada, Batasuna, subrayó «la gravedad» de un hecho cuyo origen situó en la Ley de Partidos. Por ello, exigió la derogación de esa norma y un «compromiso claro» a todos los agentes para «dar pasos que posibiliten la superación de esta situación antidemocrática».También el PNVdemandó al Gobierno español «un paso decidido» hacia la derogación de la Ley de Partidos y el fin del denominado Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, ya que, según destacó su portavoz, Iñigo Urkullu, «es un sinsentido abogar por un nuevo tiempo político y, sin embargo, persistir en estrategias del pasado, dejando que leyes desfasadas provoquen estas situaciones aberrantes». Mientras, el Foro Ermua, tras conocer la admisión de su querella, anunció que ha pedido por escrito al presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, y al secretario general del PSE, Patxi López, que anulen cualquier reunión con Batasuna «por ser un acto presuntamente delictivo». Agregó que «nadie está por encima de la ley».
JpD: «Los jueces no deberíamos ser un obstáculo para que el proceso de paz tenga éxito»
GARA
GASTEIZ Jueces para la Democracia (JpD) consideró ayer que los magistrados, en el ámbito de su actividad profesional, «no deberíamos ser obstáculo para que el proceso de paz culmine con éxito, mediante la disolución de ETA como banda armada». Así figura en el documento aprobado por el congreso que ha celebrado JpD en Gasteiz, al que se ha dado el visto bueno por 89 votos a favor, 35 en contra y 5 abstenciones. En su declaración, JpD, tras indicar que el alto el fuego permanente de ETA «abre perspectivas inéditas y debe generar esperanzas», califica como «obvio que el juez está sujeto al imperio de la ley, pero también lo es que todo texto legal ofrece márgenes inevitables, a veces importantes, en su interpretación». A su entender, «situaciones como ésta reclaman del juez un ejercicio consciente y motivado de su función, que, tutelando los derechos fundamentales de todos y muy atento a la realidad, contribuya a la superación de la fractura social». Esta asociación de magistrados se dirige a los partidos y «a nuestros gobernantes» para advertirles que «yerran si dejan en nuestras manos la toma de decisiones que rebasan nuestras competencias, o que son incompatibles con nuestros criterios de decisión, debiendo ser las instituciones competentes quienes adopten las medidas penitenciarias, gubernativas o legislativas que estimen oportunas para lograr el recto encauzamiento del proceso de paz». «JpD ve con legítima y fundada esperanza el proceso iniciado», concluye.
|
