IRUÑEA
El juez de la Audiencia Nacional no prohibió la celebración de la manifestación que varios ciudadanos de Sakana habían convocado para hoy a las 18.30 en Altsasubajo el lema «Euskal Herriak autodeterminazioa» al aceptar que «no entra en el ámbito de la suspensión de actividades de Batasuna». Garzón tomó esta decisión después de que declararan en Madrid tres vecinos de Sakana en relación a esta convocatoria. Se trata del mahaikide Juan Kruz Aldasoro, de Blanca Es-ther Arregi persona que realizó la convocatoria de la movilización y de Mikel Galarza, concejal en Urdiain.
El auto de Garzón asume, tras hacerles acudir a Madrid, que «no consta que la convocante de la manifestación tenga relación orgánica con Batasuna» y que el hecho de otros impulsores de lamovilización «hayan estado históricamente vinculados a HB y EH no es razón suficiente para impedir la celebración de un acto que en principio no presenta elementos para vincularla con Batasuna».
Comparecencias en Madrid
Según explicó Arregi a GARA mientras viajaba de vuelta a Sakana desde Madrid, «diferentes personas vinculadas con los movimientos populares convocamos una manifestación todos los años coincidiendo con las fiestas de Altsasu y este año hemos hecho lo mismo». Por ello, calificó de «bochornoso todo el tinglado que se ha montado» y denunció que «hayamos tenido que ir hasta Madrid para que un juez nos diga que reivindicar el derecho de autodeterminación es legal».
Ante esta situación, hizo un llamamiento a la ciudadanía para que acuda esta tarde a las 18.30 a la Plaza de los Fueros de Altsasu y participe en la movilización.
El auto de Garzón cita que «la única conexión que podría existir» entre Batasuna y la manifestación convocada en Altsasu para esta tarde es «la que tendría lugar a través de Juan Kruz Aldasoro, que ha expresado su apoyo a título personal como ‘militante de la izquierda abertzale’».
En cualquier caso, el juez insta a Aldasoro a que «se abstenga de comparecer como convocante de la manifestación» de Altsasu.
Además, Garzón ha requerido a la Guardia Civil y a la Policía española a que procedan «contra los responsables que quebrante los límites de la autorización, que en todo caso veta la aparición de cualquier tipo de símbolos, carteles, apoyos, lemas o pancartas vinculadas directa o indirectamente con Batasuna».
Garzón también prohíbe expresamente que Batasuna celebre una asamblea nacional en Altsasu, destacando que quien participase o impulsase la misma «estaría fuera de la legalidad con apercebimiento de que tal hecho podrá llevar aparejadas responsabilidades penales».
El juez había citado a Mikel Galarza, concejal de Urdiain, para que expusiese los motivos por los que había reservado para mañana el centro cultural Iortia de Altsasu.
El edil le explicó que se trataba de un acto organizado por la Mancomunidad de Sakana, que agrupa a los municipios del valle, para analizar cuestiones relacionados con la inmigración y su influencia en la normalización lingüística.
Garzón dio por buena la explicación de Galarza, que trabaja activamente en tareas relacionadas con la normalización del euskara, aunque se dirigió al edil de Urdiain para comunicarle «con apercibimiento de incurrir en un delito de colaboración con organización terrorista» que «se abstenga de participar o facilitar medio alguno para la celebración de una asamblea nacional de Batasuna» en los locales del centro cultural Iortia.
El juez del tribunal especial también reclama a «quien tiene responsabilidad en la reserva de los locales» que, en el caso de celebrarse alguna asamblea de Batasuna «adopte las medidas adecuadas para impedirla, vista la coincidencia de fechas y situación planteada».
Asamblea «neutralizada»
En cualquier caso, Baltasar Garzón considera que «ha queda neutralizada» la posible celebración de esa supuesta reunión de la que alertaron los cuerpos policiales. El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional españolatambién ha impuesto una medida contra Juan Kruz Aldasoro, a quien le exige que «se abstenga de comparecer como convocante de la manifestación».
Aldasoro tomó parte, junto a decenas de ciudadanos de distintas localidades de Sakana, en la rueda de prensa que se celebró el pasado lunes en Altsasu y en la que se presentó la movilización de hoy.
Precisamente, Garzón preguntó ayer a Aldasoro quién le pidió que asistiera a esta conferencia de prensa, a lo que éste se negó a contestar.
También le preguntó sobre su vinculación con Batasuna, ante lo que Aldasoro replicó que lleva 18 años siendo militante de la izquierda abertzale.
Después de escuchar los tres testimonios de los vecinos de Sakana, el abogado de la asociación Dignidad y Justicia pidió que se celebrara una vistilla para solicitar el ingreso en prisión de Aldasoro, al considerar que había «vulnerado las condiciones que se le impusieron cuando accedió a la libertad bajo fianza de 12.000 euros».
Sin embargo, ni la Fiscalía ni la AVT consideraron necesaria la adopción de medidas cautelares, por lo que Garzón decidió no celebrar la vistilla. Dignidad y Justicia mostró su intención de recurrir la decisión de permitir la movilización adoptada por Garzón, que se remite al artículo 21 de la Constitución española, que regula el derecho de manifestación, para argumentar su auto.
GARA
MADRID
El Consejo de Ministros del Gobierno español autorizó ayer un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio del Interior de 1,9 millones de euros correspondientes a las subvenciones no abonadas a HB tras su ilegalización y que serán ingresados en el Banco de España y «destinados a fines sociales».
De esta forma se da cumplimiento a la providencia del Tribunal Supremo del pasado 23 de mayo por la que la Sala Especial que entiende del proceso de ilegalización de la formación abertzale requirió al Ministerio del Interior que ingresara en el Banco de España los 1,9 millones de euros que debía haber percibido HB como subvenciones.
En su reunión de ayer, el Consejo de Ministros aprobó la aplicación del Fondo de Contingencia para dotar ese crédito, de los que 1.812.308 euros corresponden a las subvenciones para funcionamiento ordinario de los partidos políticos que HB no cobró en su momento, mientras que 134.317 euros están relacionados con las ayudas por gastos electorales que tampoco recibió la formación abertzale.
En la providencia del Supremo también se requería al Parlamento de Gasteiz a que ingresara en la misma cuenta del Banco de España los sueldos que dejaron de percibir los parlamentarios de SA, cuyo importe ascendería a 692.094 euros.
Históricamente, el Gobierno español ha dejado de abonar las subvenciones que correspondían a Herri Bata- suna por participar en los comicios, hasta el punto que la Audiencia Nacional le instó a que abonara estas cantidades en 2001.
Las primeras causas judiciales abiertas por este motivo se remontan a las elecciones al Parlamento español celebradas en 1982, en la que Herri Batasuna obtuvo un diputado por Bizkaia y otro por Gipuzkoa.
