DONOSTIA
Tras la prohibición de las manifestaciones convocadas para el pasado sábado en apoyo a los presos políticos, Askatasuna compareció ayer en Donostia para asegurar que seguirá trabajando «con responsabilidad» contra la represión, así como para reclamar «que nadie ponga en peligro» el momento político actual que se vive en Euskal Herria. Joxean Agirre y JuanMari Olano, portavoces del organismo antirrepresivo, hicieron público su análisis de la actuación del juez Baltasar Garzón y del consejero de Interior de Lakua, Javier Balza. Agirre comenzó recordando que el movimiento pro-amnistía ofreció el día 12 una rueda de prensa en la que se convocaron movilizaciones en cinco capitales vascas. En los carteles, destacó, aparecía sólo el logotipo por la amnistía creado por el escultor Eduardo Chillida hace tres décadas.
Ello no fue obstáculo para que Garzón vetase las manifestaciones de Hego EuskalHerria basándose en informes de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) de la Policía española, que, «como todo el mundo sabe en este país, es una instancia sumamente imparcial y acreditada internacionalmente como paradigma de la ecuanimidad».
Ante esa situación, un grupo de familiares y abogados realizó una nueva convocatoria para el mismo día pero «con otros lemas y con otro horario». En este contexto emergió la figura de Javier Balza, que prohibió este llamamiento.
Agirre consideró «paradójico» que «mientras que el PNV, sobre todo a través del lehendakari Ibarretxe, se llena la boca diciendo que la clave del éxito del proceso está en la participación de social, su consejero de la confrontación apuesta por la represión y quiere laminar de la calle cualquier expresión de solidaridad con los presos políticos».
El portavoz de Askatasuna extrajo tres conclusiones. La primera, que Garzón sigue utilizando sus «inacabables invenciones para recortar derechos de la ciudadanía» con el objetivo de «tutelar y condicionar el proceso». En segundo lugar, destacó que estas prohibiciones responden a «una decisión política del PSOE y de Rodríguez Zapatero», que «quieren criminalizar la dinámica en favor de los presos».
El PNV, «más allá que el juez»
Respecto al papel de la Consejería de Interior de Lakua, apuntó que «más allá de lo declarado por el juez, el PNV sí encontró argumentos para intentar evitar que se denunciase la dispersión, la cadena perpetua encubierta o la situación de Iñaki de Juana». Por ello, se reafirmó en su aseveración de que personas como «Ibarretxe, Balza o Imaz» son «la vergüenza de este país».Juan Mari Olano tomó la palabra para subrayar que Askatasuna está compuesto por «miles de personas que están trabajando contra la tortura y la represión, en favor de la amnistía y de una solución al conflicto».
A su juicio, la Audiencia Nacional «no es sino una herramienta que utiliza el Gobierno Zapatero para interferir políticamente, no tiene nada que ver con la Justicia».
El portavoz de Askatasuna recordó que hay seis presos gravemente enfermos y 147 que ya han cumplido su condena. «La mayoría de la ciudadanía reclama su libertad, así como el respeto a los derechos del colectivo. Esa realidad se trata de ocultar. Se podrá disfrazar diciendo que Askatasuna es ilegal, pero este pueblo ya le ha dicho a Zapatero que no utilice a los presos para medrar en una mesa de negociación política», manifestó.
Olano recomendó al Ejecutivo del PSOE que lea el último comunicado del Colectivo de Presos para comprender que su estrategia es «estéril» y que «está perdiendo el tiempo».
En cuanto a la actuación del Gobierno de Lakua y del PNV, reseñó que «nunca han hecho nada práctico para que los derechos de los presos sean respetados. Por el contrario, han llevado sin complejos a centenares de personas detenidas a la Audiencia Nacional».
Para Olano, la formación jeltzale «tiene miedo a una
solución política y democrática» porque sabe que en ese caso «cambiará el mapa
político de EuskalHerria».
