Argumentando que sus nombres aparecen en una documentación incautada por la Policía francesa tras las detenciones en diciembre de 2002 a presuntos «responsables de captación de ETA», quince ciudadanos vascos fueron detenidos en una primera redada realizada en febrero de 2003. La segunda operación no tardó: se realizó en abril del mismo año y el número de personas detenidas en esa redada ascendió a nueve. Los responsables policiales y ministeriales no tardaron en citar «el carácter preventivo» de estos arrestos. El entonces ministro de Interior, Angel Acebes, no dejó lugar a dudas: «Ahora veremos en comisaría de qué les podemos acusar». Y un alto mando de la lucha anti-ETA decía a ‘‘El País’’, el 20 de febrero de 2003, que «la importancia de la operación reside en que crea mucha desazón en ese mundo, porque ya no se les detiene antes de atentar ni poco después de un crimen, sino antes de incorporarse a la banda, lo que puede desmovilizarlos en masa».

Se difundió incluso que a algunas de los detenidos se les habría ofrecido formar parte de ETA y que «en una primera cita se habrían negado», pero el caso siguió engordando. Así las cosas, no cabe extrañar que Pernando Barrena (Batasuna) comparara el caso con la situación recreada por la película ‘‘Minority Report’’, en la que la Policía se dedica a detener a eventuales delincuentes futuros. O que Askatasuna asegure en un informe sobre el macroproceso que «fueron detenidos ‘por si acaso’».

La operación, por sus connotaciones, suponía por tanto un claro salto cualitativo. Pero también cuantitativo, porque las operaciones no quedaron ahí. En octubre de 2003 se realizó la redada que mayor número de detenidos ha dejado en los últimos años: 34. Y siguieron hasta arrojar un balance de siete operaciones con 116 arrestados, 70 encarcelados, 103 encausados y 1.057.000 euros en fianzas.

Todo ello ha llegado ahora a juicio, es decir, al momento de probar tales acusaciones, en este caso contra dieciocho de los detenidos (dieciséis siguen presos). Yla pasada semana fue el turno de los testigos de la Fiscalía, que se presumía decisivo para comenzar a esclarecer si había material probatorio. Comparecieron 27. Todos eran policías salvo uno, lo que ya daba un pista clara de la base de la imputación.

Sin ver los «papeles»

La mayor sorpresa con la que se han encontrado abogados de la defensa, acusados y allegados estriba en que ni los instructores ni los secretarios han visto siquiera los famosos papeles incautados en el Estado francés (no se trata de una lista, sino de un conjunto de documentos en clave, incautados en varias operaciones).

Al parecer, el procedimiento era el siguiente:la Unidad Central de Investigación (UCI) recibía la infor- mación de la Policía francesa, decidía cuáles eran los nom-bres que se escondían tras los datos en clave, y ordenaba detenciones. Cuando se ejecutaban, los encargados de los interrogatorios ni siquiera tenían constancia de si efectivamente esa persona aparece en los papeles.

Los policías no acreditan nada más. No hay grabaciones de las que se puedan desprender nuevos indicios, por ejemplo. Tampoco se han realizado seguimientos. Ni constan citas de captación. La Policía se limita a interpretar, a partir de esos papeles en clave, que han pasado a engrosar las filas de ETA. ¿Cómo? Por un método de eficacia más que cuestionable. Por ejemplo, si detectan que su nombre aparece una vez en los papeles, extraen la conclusión de que la organización estaba interesada en captarle. Si aparece en dos, intuyen que hubo una cita con este objetivo. Y si aparece en tres ocasiones, concluyen que fue captado.

Hay más irregularidades técnicas. Por ejemplo, el llamado Instructor General de las diligencias y los distintos instructores y secretarios que tomaron las declaraciones a cada acusado no se pusieron de acuerdo ante el tribunal en quién era el que decidía cuando se tomaba declaración y si era ya suficiente o había que «completarla».

Los distintos instructores y secretarios tampoco supieron dar una versión coherente sobre si recibían instrucciones detalladas del Instructor General de la operación sobre las preguntas a realizar. Y también hubo contradicciones en si los instructores veían la parte del informe realizado por la Unidad Central de Investigación (UCI) que afectaba a cada uno de los deteni-dos o no.

Por otro lado, gracias a la labor de la defensa, se consiguió revelar que la mayoría de instructores y secretarios que tomaron declaración a los imputados habían estado con los detenidos previamente, lo que va en contra de la jurisprudencia actual.

Las «autoinculpaciones»

El caso se sostiene exclusivamente sobre estas suposiciones policiales... y sobre el desenlace de algunos interrogatorios durante el periodo de incomunicación, esa fase en la que el ministro dijo que se terminarían de concretar las acusaciones. Casi todos los acusados hasta el momento han denunciado que sufrieron torturas y maltratos para inculparse o inculpar a otros detenidos. Para la Policía, sobra decir que las declaraciones fueron voluntarias. Incluida la de Aiala Manrique, que apenas una hora después de afirmar que sólo testificaría ante el juez hizo una declaración policial. Según los agentes que le interrogaron, cambió de opinión en las escaleras.

Otros intentos de buscar so- porte a las acusaciones se han derrumbado en las primeras sesiones de la vista. A los navarros, por ejemplo, se les imputaba haber vigilado la casa de un edil de UPN de Iruñea, Ignacio Polo, en Lizaso, pero la defensa afirma que esa vivienda ni siquiera existe. Y se asegura que también hicieron seguimientos a un policía en la Txantrea, pero ni siquiera consta quién era.

Este caso es uno de los más llamativos, y es que ni siquiera se ha llegado a los nombres de los detenidos a través de los papeles incautados, a excepción, al parecer, de Unai Redin. El jefe de la Brigada Provincial de Información dejó caer ante el tribunal que fueron detenidos por ser amigos de Redin, por si acaso estaban implicados también y huían. Y es que éste es un caso plagado de por si acasos...

Para la defensa, la conclusión de todo ello es clara: «La Policía decide quién es de ETA y quién no lo es», a partir de unos papeles en clave. Y los detenidos se ven abocados a demostrar que ellos no son de ETA. El mundo al revés. -

Cuatro vecinos del barrio iruindarra de la Txantrea son juzgados en este primer juicio «preventivo». Como ocurrió al producirse los arrestos, múltiples colectivos se solidarizaron ayer con ellos en una rueda de prensa en la que animaron a participar en las concentraciones de mañana (en este caso, a las 19.00 en el Parque de Irubide). Exigieron el archivo del caso y la desaparición de la Audiencia Nacional, y remarcaron la difícil situación de sus vecinos presos: «Tomás Insausti lleva tres meses a la espera de una operación de rodilla, Ainara Calvo ha estado aislada durante meses, Mikel Pardo ha tenido incluso plagas de cucarachas en la celda, y Unai Redin debió enfrentarse a las provocaciones de los funcionarios». -