BILBO
El director de la Federación Vasca de Asociaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual del País Vasco (FEVAS), Pedro Fernández, explicó «la frustración» que sienten ahora los familiares de las personas con discapacidad, «que se habían ilusionado enormemente indicó cuando hace meses al ministro Caldera se le llenaba la boca diciendo lo bueno que era el anteproyecto del Gobierno y las mejoras sociales que incluiría».
Sin embargo, el Ejecutivo español estableció «un baremo muy restrictivo» para medir la discapacidad que, finalmente, dejará fuera del sistema de protección «a muchas personas que son incapaces de organizarse en su vida cotidiana».
Pedro Fernández detalló que «algunos de nuestros hijos, aún careciendo de problemas de movilidad y siendo capaces de comer solos y tener unos mínimos hábitos de higiene, son totalmente dependientes». «Así, por ejemplo, algunos son incapaces de pensar con qué vestirse en función de la situación climatológica, además tienen problemas de comunicación y de percepción, no se orientan con las horas o puede que se despisten por la calle y necesiten que les organicen las comidas», concretó.
«Cuando ves que tienes un hijo así en casa, que aunque tenga más de 30 años depende de ti» y ahora una ley dice que no cumple los requisitos para ser declarada como dependiente, «sientes una frustración y una impotencia enorme», expresó el responsables de FEVAS, federación que agrupa a las asociaciones Gorabide, Apnabi, Uribe Kosta, Gautena, Uliazpi, Atzegi y Apdema.
Asimismo, señaló «la contradicción» de que la mayoría de estas personas que quedarían excluidas de las ayudas económicas y prestaciones sociales cuentan con declaraciones judiciales de incapacidad.
Estas asociaciones creen que el proyecto «es más bien una ley geriátrica» que posibilitará que las personas mayores dependientes sean potenciales beneficiarias en la red de prestaciones, pero que dejará fuera a más del 90 por ciento de los 22.000 discapacitados intelectuales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Por ello, exigieron al Gobierno de que, «sin prisas» por ponerla en marcha el 1 de enero de 2007, modifique el proyecto presentado para su debate en el Congreso español y elimine esos baremos para que la ley «no nazca coja».
FEVAS anunció que se sumará a las movilizaciones que se convoquen en el Estado español y que seguirá manteniendo encuentros con partidos e instituciones para demandar su implicación en este asunto.
Fernández agradeció el compromiso de las diputaciones para mantener sus actuales niveles de cobertura en servicios ocupacionales o educativos para los discapacitados mentales y valoró las críticas que expresaron a la nueva ley, aunque dudó de que el Gobierno del PSOE vaya a rectificarla.
