Varios cientos de personas han pasado las fechas navideñas en las riberas del Sena. No son turistas que hayan elegido la ciudad de la luz para recibir al año 2007. Son personas «sin techo» ­a las que las que los medios de comunicación también identifica con las siglas SDF (Sans Domicile Fixe)­ que se han ido congregando en las tiendas que les ha proporcionado la organización de caridad Les Enfants de Don Quichotte a lo largo del Canal Saint Martin. La citada organización, que ha montado en París unas 250 tiendas desde el 16 de diciembre para «los sin techo», ha empezado a hacer lo mismo en otras ciudades del Estado francés.

Esta inusual imagen que se puede observar en una ciudad que compite con Nueva York por el honorífico título de ser la más visitada del mundo, no ha pasado desapercibida para las autoridades francesas. Quizás convenga puntualizar que lo que no ha pasado desapercibido para el Gabinete de la UMP ha sido la difusión de esa imagen a través de los medios internacionales, aunque también hay que reconocer el activo papel que están desarrollando distintos colectivos sociales para extender la concienciación ciudadana sobre las graves condiciones en las que viven decenas de miles de mujeres, hombres, niños y niñas en una de las potencias occidentales. En los textos constitucionales de los que se han dotado muchos estados durante los últimos dos siglos se da una enorme importancia a los derechos fundamentales, entre ellos el de disponer de una vivienda digna. Derechos que generalmente no trascienden más allá del papel al que se suele denominar Carta Magna.

Pero, paradójicamente, ya entrado el siglo XXI, hoy es noticia que el cumplimiento de esos derechos, de los que se supone que el Estado es garante, pueda ser reclamado ante la Administración de Justicia. Aunque, una vez más, habrá que recordar que «las cosas de Palacio (en este caso el de Matignon) van despacio».

Según recogían las agencias de noticias, el principal inquilino de Matignon, Dominique de Villepin, anunció ayer que el Gobierno que dirige va a poner las bases para que el acceso a la vivienda sea un derecho exigible en los tribunales. Hecho el anuncio, diversos expertos advirtieron que todavía pasarán años antes de que sea una realidad.

Durante la ceremonia anual de expresión de buenos deseos del Gobierno al presidente de la República, Villepin se hizo eco de uno de los principales asuntos de la actualidad en el Estado francés, que es el derecho a la vivienda, alentado por diferentes organizaciones cívicas con ocupaciones de edificios o campamentos improvisados.

En su discurso de final de año, el presidente Jacques Chirac pidió al Gabinete que actúe para que el derecho a la vivienda pueda ser exigido ante la Justicia, y Villepin se vio obligado a recoger el guante asegurando que ése será uno de los ejes de actuación en los meses que quedan hasta las elecciones presidenciales (abril-mayo) y a la Asamblea Nacional (junio). El primer ministro tenía previsto recibir ayer mismo un informe sobre propuestas en materia de vivienda por parte del presidente del Alto Comité que se ocupa de ese problema, Xavier Emmanuelli.

Horas antes, el jefe del Ejecutivo enunció de manera general el deseo de llevar a cabo una iniciativa legal para avanzar en el principio del «alojamiento exigible» en los juzgados y aseguró que «la política necesita humanidad». Buenos deseos navideños y anuncios preelectorales no componen un buen cóctel de credibilidad.

Su compañero de Gabinete y ministro de Presupuestos, Jean-François Copé, precisó que la ley debería ser aprobada antes del 22 de febrero, final del periodo de sesiones parlamentario previo a las elecciones.

La adopción de una norma legal igualaría el derecho a la vivienda al derecho a la educación y a la sanidad, que son exigibles por los ciudadanos ante un tribunal. Eso daría fuerza legal a las pretensiones de personas desfavorecidas en su deseo de acceder a una vivienda digna. No obstante, algunos expertos han matizado que ese derecho no será real hasta dentro de algunos años, como ha reconocido el propio Emmanueli, para quien es necesario desarrollar instrumentos normativos a partir de la ley.

Entre las organizaciones cívicas hay satisfacción por este paso, eso sí, no exenta de una cierta desconfianza. Así lo ha expresado Martin Hirsch, presidente de Emmaüs, quien ha afirmado que «proclamar un derecho no es suficiente para hacerlo existir». -

PARIS