En artículos publicados en este medio, Mikel Isasi y Martín Barriuso e Igor Irigoyen debaten a propósito de la cantidad destinada por las instituciones vascas a la cooperación para el desarrollo. Quisiera contribuir a un debate constructivo y necesario sobre algo que no suele ocupar mucho espacio en los medios.

En primer lugar, hacen bien Isasi y Barriuso en poner de manifiesto la distancia que nos separa de las metas acordadas de solidaridad internacional. Esas consideraciones deberían servir para ser un poco más humildes y rebajar las autoproclamas de solidarios de la ciudadanía e instituciones vascas. Comprobar que estamos donde estamos tras más de veinte años de cooperación pública vasca debe valernos como antídoto contra la autosatisfacción.

En segundo lugar, los dos mensajes principales que lanzó el consejero Javier Madrazo merecen un comentario. Primero habló del incremento de los presupuestos de cooperación para 2007. Es cierto que se trata de un incremento significativo, de más del doble de lo que se venía creciendo. Esta cantidad situaría la aportación del Gobierno Vasco en un porcentaje algo inferior al 0’45% del presupuesto total, no en el 0’5% que se señaló. Y he aquí una de las cuestiones críticas y paradógicas. A pesar del importante aumento cuantitativo, el porcentaje de cooperación sobre el presupuesto total ha descendido en los últimos años. En 2001 estábamos en el 0’52%; en 2004, en el 0’47%; en 2006, en el 0’45% y en 2007, un poquito por debajo. Este descenso tiene su explicación. En años anteriores se explica parcialmente por la paulatina retirada de los recursos de las diputaciones del fondo común, al optar por gestionar sus programas de cooperación. El descenso por- centual de este año, a pesar del fuerte incremento cuantitativo, se explica por el gran crecimiento del presupuesto total, impulsada en buena medida por las inversiones para la «Y vasca».

Y aquí enlazo con el segundo mensaje del consejero: el compromiso de llegar al 0’7% del presupuesto total en 2012. Este es un compromiso que va a adquirir carácter legal tras la aprobación de la Ley Vasca de Cooperación al Desarrollo. Es importante por dos razones. Por un lado, cierra el paso a la «contabilidad creativa» o a los «esteroides estadísticos» al dejar claro que la aportación se ha de medir en relación al presupuesto total, y no sobre categorías que se han utilizado para dar una impresión de compromiso mayor que el real, como «presupuesto operativo» y similares. Por otro, al ponerse un plazo concreto, ofrece a las organizaciones sociales un importante instrumento para la exigencia de rendición de cuentas al Ejecutivo. De paso, no creo que es exagerado atribuir parte del mérito por la inclusión en la ley de este compromiso a la Coordinadora de ONGD de Euskadi. Durante el proceso de tramitación de la ley ha actuado para que se incluyera esa cláusula. De hecho, inexplicablemente, el 0’7% no aparecía mencionado ni tan siquiera en la exposición de motivos en el proyecto inicial del Gobierno.

Si se quiere cumplir tal compromiso, hay que dar pasos desde ya. Y caminar hacia la meta del 0’7% del presupuesto total en 2012 pide que la partida de cooperación crezca por encima de lo que crece el presupuesto total. Lamentablemente, en 2007 no ha sido así. Se nos explica que la razón son las inversiones del TAV, y que éstas son coyunturales. Pero esta explicación es un tanto débil. Por un lado, supuestamente ese dinero invertido en el TAV se descontará en la negociación del Cupo. Por otro lado, no es descabellado pensar que esa inversión volverá a tener reflejo en los presupuestos de años sucesivos, empujándolos hacia arriba. En definitiva, si el presupuesto de cooperación no crece a un ritmo superior que el del presupuesto total, la meta porcentual quedará tan lejos o más que ahora.

En tercer lugar, es cierto, como señalan Isasi y Barriuso, que la referencia habría de ser la riqueza y no sólo el presupuesto del Gobierno Vasco. Por eso avalamos la idea que comparten aquéllos con Irigoyen de incluir en el cómputo total de nuestra cooperación las aportaciones de otras instituciones vascas y la parte correspondiente del Cupo. Lo que no comparto es la idea que defiende Igor Irigoyen de que la cooperación descentralizada (la de gobiernos autonómicos) no es estatal. A esos efectos, y al margen de las inclinaciones políticas de cada cual, Gobierno Vasco, Generalitat de Catalunya o Junta de Extremadura son tan estado como el Gobierno central. Esto nos sitúa ante una cues- tión de reparto de responsabilidades entre gobiernos central y autonómicos para cumplir con los compromisos internacionales. De hecho, hace unos meses Zapatero hacía un llamamiento a los gobiernos autonómicos para aumentar sus aportaciones de ayuda al desarrollo para que el conjunto del Estado pudiera alcanzar la meta del 0’7% del PIB (de la Renta Nacional Bruta, para ser exactos) en 2012, fecha a la que se comprometió el Ejecutivo central.

Ahora bien, ¿es legítimo pedir corresponsabilidad cuando no se está dispuesto a abrir la participación, es decir, co-decisión, de las autonomías en la configuración de las políticas? No lo parece. En el caso de la cooperación al desarrollo, como en otros asuntos, la batuta la lleva Madrid. La junta interterritorial que existe como espacio de encuentro de los responsables autonómicos y centrales de cooperación al desarrollo no marca realmente las políticas. Esto nos sitúa frente a un debate de mayor calado sobre la naturaleza del estado y los procesos de elaboración de las políticas que contiene. Y nos pide dilucidar si la competencia de cooperación al desarrollo es exclusiva del estado, si es compartida, o más bien tolerada. Pero la pregunta que habría que hacerse es ¿cuánto de ese 0’7% de RNB estatal le correspondería a la CAV? Y, dentro de la CAV, ¿cuál sería el reparto de responsabilidades entre las diferentes instituciones? En cualquier caso, el horizonte ha de ser, sin ninguna duda, el 0’7% de la riqueza total de la comunidad. Aunque valoramos el compromiso ­más vale tarde que nunca­ de avanzar hacia el 0’7% del presupuesto total como paso inicial.

En cuarto lugar, comparto las apreciaciones de Igor Irigoyen sobre la importancia de la calidad. Ahí se encuentra el quid de la cuestión. Un reforzamiento de la estructura de gestión en el Gobierno y también ­no hay que negarlo­ un reforzamiento del sector de las ONGD, que gestionan parte sustancial de los dineros, es condición indispensable para el aumento de fondos de cooperación. En los próximos meses se van a dar pasos importantes. Ojalá sean lo suficientemente atrevidos, creativos y participativos para dar un empujón a la cooperación vasca al desarrollo tan necesario como el agua para nuestros pantanos. -