ETA ha denunciado en cada reunión con el Gobierno el incumplimiento de los acuerdos
·Los organismos internacionales presentes han certificado la vulneración de garantías
En las diversas reuniones mantenidas entre ETA y el Gobierno español desde la declaración de alto el fuego permanente , la organización armada puso sobre la mesa de forma directa y reiterada el incumplimiento de los compromisos y garantías asumidos por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en los acuerdos alcanzados con anterioridad a la citada declaración del 22 de marzo de 2006.
Según ha podido conocer GARA, los organismos internacionales presentes en el proceso certificaron igualmente esta vulneración de las garantías por parte de Madrid, y demandaron a los representantes gubernamentales su cumplimiento para que el proceso no se rompiese y se pudiera avanzar en las negociaciones.
A tenor de la información a la que ha tenido acceso este diario, la organización armada constató que el Ejecutivo español «ha frenado el desarrollo del proceso político entre los partidos y su práctica ha ido en la dirección opuesta a los principios establecidos en los acuerdos».
Como consecuencia, el proceso entró en una situación de bloqueo, para cuya superación, según se puso de manifiesto en el último encuentro entre ambas partes, celebrado en la primera quincena de diciembre, era clave avanzar hacia un acuerdo entre las formaciones políticas vascas.
DONOSTIA
En las reuniones celebradas desde marzo entre ETA y el Gobierno español, tres elementos han dejado sentada la existencia de acuerdos previos que dieron lugar a la declaración de alto el fuego: la constante denuncia de la organización armada del incumplimiento de los mismos, la certificación de este incumplimiento por parte de los organismos internacionales implicados y las afirmaciones de los representantes gubernamentales en el sentido de que su voluntad era cumplirlos, aunque ello no se materializara después. Públicamente, el Gobierno ha negado tales acuerdos, aunque desde instancias cercanas sí se ha reconocido la existencia de algún tipo de compromiso, siempre, eso sí, con la intención de devaluar su trascendencia. Así, el pasado fin de semana, “El País” publicaba que «en las conversaciones previas al alto el fuego del PSE y ETA la representación socialista defendió mantener la Ley de Partidos y contempló la posibilidad de que Batasuna pudiera funcionar ‘de hecho’. También previó que si ETA cumplía su compromiso de alto el fuego, la actuación policial se relajaría. No sucedió ni lo uno ni lo otro». Sin embargo, la existencia de dichos acuerdos resulta evidente si se tiene en cuenta que ETA ha expuesto directamente a los representantes oficiales del Gobierno la constatación del reiterado incumplimiento de los mismos, según ha podido saber GARA de fuentes solventes. En concreto, ETA ha denunciado que el Gobierno español no haya cumplido su principal compromiso político y que el PSOE haya obstaculizado la firma de un acuerdo que permita resolver el conflicto. A juicio de ETA, según las mismas fuentes, el Ejecutivo «ha frenado el desarrollo del proceso político entre los partidos y su práctica ha ido en la dirección opuesta a los principios establecidos en los acuerdos». Desde el punto de vista de ETA, a tenor de la información a la que ha tenido acceso GARA, el Gobierno español, en lugar de posibilitar la apertura de una nueva fase, ha puesto más límites al proceso, con constantes referencias a los márgenes de la Constitución y la legislación española. La organización armada advirtió al Gobierno «que no puede pretender construir un proceso de paz con los mismos límites políticos que han provocado el conflicto».
Informes detallados
Asimismo, ETA ha denunciado los constantes incumplimientos por parte del Gobierno de las garantías establecidas en los acuerdos (en resumen, menor presencia y presión policial, ausencia de detenciones y respeto «de facto» a la actividad de la izquierda abertzale). En cada una de las reuniones celebradas, los representantes de la organización armada han presentado informes detallados que certificaban una actividad policial diaria, un permanente acoso a la izquierda abertzale y un goteo incesante de detenciones. Esta vulneración de las garantías fue certificada incluso por los organismos internacionales presentes en el proceso, que demandaron a los representantes del Gobierno español la necesidad de cumplir dichos acuerdos para que el proceso no se rompiera y pudieran avanzar las negociaciones.
Un cambio «de facto» en las condiciones de negociación
GARA
DONOSTIA Tras la celebración de varias reuniones entre representantes oficiales de ETA y del Gobierno español, la sospecha de que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ha querido utilizar la mesa de negociación y los tiempos del proceso en función de sus propios intereses y cálculos electorales se ha extendido en el seno de la izquierda abertzale. Tal es así que, según las fuentes consultadas por este diario, ETA habría llegado a valorar que la credibilidad del Gobierno ante la mesa de negociación estaba «muy tocada», puesto que, incluso habiendo reafirmado a lo largo de estos meses su voluntad y compromiso de cumplir los acuerdos alcanzados antes de la declaración de alto el fuego, posteriormente ha continuado violándolos, «de manera consciente y reiterada», a juicio de la izquierda abertzale. Así, la vulneración de los acuerdos habría cambiado de facto las condiciones de la negociación, ya que «la dinámica del Gobierno español ha ido minando las bases que sustentaban el proceso». Negociación técnica El problema surgiría, por tanto, de que el Ejecutivo no ha tenido voluntad para activar las medidas y mecanismos necesarios para cumplir los acuerdos. Todo ello habría llevado a la organización armada a considerar que, hasta ahora, el Gobierno del PSOE sólo ha buscado desnaturalizar el carácter político del proceso y retrasar y bloquear el momento del acuerdo entre los agentes vascos, con el objetivo de restringir el proceso a una negociación puramente técnica. Un bloqueo que impide abordar otras cuestiones
La ausencia de desarrollo de los compromisos políticos asumidos por el Gobierno sería, para ETA, el principal escollo y el motivo de bloqueo que ha impedido abordar en la mesa negociadora nuevos temas, como los relacionados con las consecuencias del conflicto. ETA situó la posibilidad de desbloqueo en clave política, y así se lo hizo saber al Gobierno. En ese sentido transcurrió el último encuentro, celebrado en diciembre.
|
