SAN SALVADOR

Entre el 21 y 30 de octubre de ese año, tropas de los batallones de élite Atlacatl y Atonal y soldados de la V y la VI brigada de infantería, ejecutaron a unas 500 personas de las comunidades de San Agustín y Jiquilisco, a unos 90 kilómetros al sudeste de la capital.

Según testigos, la operación militar fue una represalia por una atentado con explosivos llevado a cabo el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional unos días antes. El operativo del Ejército se saldó con cientos de violaciones de mujeres, actos de tortura y ejecuciones masivas de la población civil.

El hecho, calificado por organizaciones de derechos humanos como de «lesa humanidad», aparece recogido en una querella contra el Estado de El Salvador que la oficina de Tutela Legal entregó esta semana al secretario general adjunto de la Fiscalía, Miguel Angel Francis.

La directora de Tutela Legal, María Julia Hernández, afirmó que con la presentación formal de la querella esperan la pronta aplicación de la justicia en beneficio de las víctimas y de sus familiares.

«Durante 25 años ­subrayó­, las autoridades fiscales y judiciales han omitido investigar los graves hechos de la masacre de La Quesera y sitios aledaños, incumpliendo sus más elementales obligaciones constitucionales y las internacionales en materia de investigación».

Armas de alta velocidad

Hernández denunció que a pesar de los testimonios de los supervivientes y de las pruebas científicas, los responsables continúan sin ser juzgados.

Señaló que la Ley de Amnistía de 1993 no contempla casos de lesa humanidad y «la impunidad en El Salvador se ve reforzada por esa legislación que libera de responsabilidades civi- les y jurídicas a los responsables de delitos de guerra cometidos durante el conflicto armado» entre 1980 y 1992.

Por otro lado, organizaciones de derechos humanos han exigido al Gobierno que ratifique la Convención contra la Desaparición Forzada de la ONU, reconocida en diciembre por unanimidad en su asamblea, que prohíbe las detenciones secretas y tipifica como delito la desaparición forzada. Además, recordaron que el Ejecutivo no ha ratificado la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

La guerra se saldó con unos 8.600 desaparecidos, buena parte de los cuales era menores separados de sus padres durante las constantes operaciones del Ejército en zonas rurales, según los activistas. En la posguerra se han investigado 600 casos, según el Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones a los derechos Humanos.