Servicios sociales en Euskal Herria
El nuevo sistema de asistencia a los dependientes necesita de consenso
Lakua trabaja en la elaboración de un anteproyecto de Ley de Servicios Sociales, con el que pretende homogeneizar el sistema de atención a personas dependientes y otros colectivos necesitados de protección. Prevé contar con el documento base para marzo, aunque luego dependerá del juego de mayorías en el Parlamento. Una de las controversias se sitúa en el pago, con el piso habitual, del reconocimiento de deuda por la plaza en una residencia de ancianos.
BILBO
El debate para que se replantee el sistema de copago en las residencias públicas para personas mayores en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa vuelve a la arena política después de que el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales haya contemplado en su borrador de anteproyecto de Ley de Servicios Sociales que los ancianos dejen de responder a la deuda que contraen para pagar la plaza con su piso tras su fallecimiento. Este modelo de financiación está instaurado en Araba, Bizkaia y Nafarroa Garaia.Este es uno de los asuntos polémicos, aunque en la reunión celebrada semanas atrás entre representantes de las diputaciones y el Ejecutivo de Lakua para dar a conocer diferentes aspectos de la futura ley no fue tratado, «aunque está encima de la mesa», como reconoce Fernando Consuegra, viceconsejero de Asuntos Sociales. Consuegra defiende que las personas dependientes que consigan una plaza en una residencia pública de la CAV no tengan que responder con su vivienda habitual para pagar, a su fallecimiento, una parte de los servicios recibidos. «No parece razonable que para hacer frente a la dependencia, estas personas tengan que valerse de otro recurso de primera necesidad como es la vivienda», aclara, puntualizando que el reconocimiento de deuda «no es el asunto que más chirría». El viceconsejero del área que dirige Ezker Batua rechaza que el piso habitual se incluya en el patrimonio liquidable para hacer frente al copago. «No parece razonable que un bien de primera necesidad, tremendamente escaso y por el que otorgan deducciones fiscales, sea consumido parcial o totalmente para hacer frente al precio público de una residencia pública», insiste. No es la primera vez que se escucha tal análisis de boca de un responsable de Lakua. En una comparecencia en abril de 2006, ante una ponencia parlamentaria que analizó la situación de los servicios sociales en la CAV, el viceconsejero de Inserción Social y de Familia departamento gestionado por Eusko Alkartasuna, Manuel Vigonado, manifestó que «no es justo que lo que una persona haya podido acumular durante toda la vida de trabajo, en la última fase de la vida lo tenga que poner a disposición de una administración pública para pagar la protección y el derecho que tiene a una asistencia». Desde la Diputación vizcaina se defiende el sistema de reconocimiento de deuda. El jeltzale Juan Mari Aburto, responsable de Acción Social, no oculta su extrañeza por la posición del departamento que dirige Javier Madrazo, asegurando que no entienden por qué «la izquierda transformadora vela por el derecho a la herencia de los hijos y no por la prestación de servicios necesarios y sostenibles a los mayores». En el año de entrada en vigor de la norma, tras su aprobación en diciembre de 2005 en las Juntas Generales de Bizkaia, Acción Social recibió 1.000 peticiones de ingreso, de las que sólo 220 tuvieron que asumir este compromiso, ya que muchos usuarios no disponían de una vivienda propia o residían con anterioridad con familiares o en régimen de alquiler. Además, otras 250 no se vieron afectadas debido a que formalizaron la solicitud antes de la aprobación de la controvertida norma foral, por lo que sólo se les evaluó las rentas e ingresos, no el patrimonio mobiliario. Este fue el motivo para que 1.900 personas mayores presentasen su inscripción en 2005, frente a los 1.300 que a la espera de que el ejercicio se cierre en febrero lo hicieron el pasado año. Este «ligero retroceso» en el número de solicitudes de ingreso en residencias, reconocido por fuentes forales, se normalizará en los próximos meses, según estos portavoces. Una vez que se puso en marcha el controvertido sistema, el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes de Bizkaia reclamó su modificación al entender que dificultaba el acceso de las personas mayores a los centros y generaba en la ciudadanía «asombro, desconcierto, temor, incredulidad e indignación». Este temor se dejó sentir en el primer semestre de 2006, cuando las solicitudes de plaza ante la Diputación vizcaina descendieron un 40% respecto al mismo periodo del año anterior. Ahora, Acción Social introducirá modificaciones en la tramitación de las solicitudes para agilizar los expedientes. La pretensión es que, a partir de la petición de ingreso en los servicios de base de los ayuntamientos, ésta se resuelva por vía ordinaria en un plazo de dos a cuatro meses. Este año el coste diario para un residencia en Bizkaia es de 60 euros, a pesar de que realmente es de 66,14, un 7,8% más que el ejercicio anterior. La razón es que la Diputación asumirá la diferencia motivada por el nuevo convenio del sector para 2006-2008. El precio estipulado inicialmente por los responsables forales era de 60 euros y, por ello, ése será el precio público que se les cobrará. Los residentes pagan la asistencia con el 85% de su pensión y el resto, a su muerte, se cobra de la vivienda habitual. La ejecución de las garantías inmobiliarias se retrasará en algunos casos, por ejemplo, si el cónyuge sigue viviendo en el piso. Respecto a la disparidad de criterios con Lakua, la institución foral vizcaina defiende esta fórmula para salvaguardar el actual sistema de prestaciones a la dependencia. En Araba sucede lo mismo y los usuarios de las residencias pagan un precio público, no la tarifa real. En Gipuzkoa, por contra, no se aplica el pago diferido a pesar de que en 2002 la Diputación se decantó por el sistema del copago. El régimen de acceso a los centros fue modificado en octubre de 2006. Esta financiación implica el pago de los recursos sociales, como pueden ser las residencias para personas mayores dependientes, en función de los ingresos del propio usuario, no de la familia. No hay reconocimiento de deuda a su muerte y a la hora de establecer cuál es su patrimonio, la institución que preside Joxe Joan González de Txabarri no se tiene en cuenta la vivienda habitual, sí la segunda. Ante el borrador de anteproyecto, fuentes de la Diputación guipuzcoana dijeron desconocer algunos extremos del mismo, por lo que no se han posicionado como en el caso de Bizkaia. «Hay muchas cosas sobre las que no es posible opinar por falta de definición», manifestaron. A expensas de tal concreción, afirmaron a este diario que el sistema de servicios sociales «hay que homogeneizarlo porque ya es mayor de edad y ha adquirido un desarrollo muy importante». Apuestan por converger «en un verdadero sistema vasco de servicios sociales», aunque apostillan que «hay que definir cómo se realiza este recorrido», concretando las competencias de cada institución pública para «fortalecer» al conjunto.
Derecho universal en cuestión
Donde sí existe ese reconocimiento de deuda para los usuarios de las residencias es en Nafarroa Garaia. Desde la Asociación Navarra para la Promoción del Bienestar Social y los Servicios Sociales Axola critican la gestión del Gobierno de Miguel Sanz. Su presidenta, Ana Fernández, asegura que la atención a las personas dependientes tendría que ser como en el sistema educativo o sanitario. «¿Por qué se tiene que pagar? Si hay un derecho universal argumenta Fernández Garaialde no habría que pagar. Nadie, por ejemplo, se plantea que paguemos por un tratamiento médico para afrontar un cáncer. ¿Por qué hay que hacerlo en estos servicios sociales, que es un derecho básico?».Axola denuncia que la iniciativa privada gestiona la mayoría de los residencias para personas mayores que han sido construidas con dinero público en Nafarroa. «Es muy llamativo que las cajas de ahorro se hayan puesto en cinco años al frente de los planes para construir residencias», remarca la presidenta de un colectivo que es critico con la legislación que aprobó el 28 de noviembre de 2006 el Parlamento navarro.
Las personas mayores pagan una tasa en los centros de Ipar Euskal Herria
Idoia ERASO
BAIONA En las residencias para personas mayores de Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa se paga por los conceptos de estancia y tasa de dependencia. El hospedaje en el centro Jean Dithurbide de Sara, por ejemplo, cuesta 38,65 euros para las personas de más de 60 años; para los menores de esa edad la tarifa es más cara. Cuando una persona entra en una residencia, si tiene una jubilación mayor de lo que cuesta su estancia, la gestiona él. Si el coste de la estancia es mayor que la pensión que reciben, el Consejo General de Pirineos Atlánticos abre un expediente para investigar a los descendientes de esa personas y determinar si su familia se puede hacer cargo de los gastos. Si no hay familia o no se puede hacer cargo, el Consejo paga la diferencia. Cuando se firma el contrato de Ayuda Social, mediante el cual la Administración se ocupa de pagar la diferencia, está estipulado que, si esa persona posee algún patrimonio, el Consejo podrá pedir a los herederos que les devuelvan el dinero; es decir, esa ayuda oficial es recuperable. «Realmente, hay que necesitarlo de verdad antes de ir a pedir la ayuda social al Consejo General», explica Sabine Vanmeer, asistente social de la residencia de Sara. «A mí me han llamado más de una vez los familiares varios años después diciendo que el Consejo General les estaba pidiendo dinero y que no sabían por qué», relata. Para la tasa de dependencia hay un Subsidio Personalizado de Autonomía que concede también el Consejo y que paga la mayor parte del costo. Con esta tasa se pagan los pañales, ayudas y cuidados específicos. Cuanto mayor es la dependencia, es más caro, pero también es mayor el porcentaje que paga el Subsidio de Autonomía. Estas ayudas se reducen mucho para las personas menores de 50 años o que tienen más dinero. Una ley a las puertas de los comicios
municipales
A.G.
BILBO El Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno de Lakua pretende contar en marzo con un anteproyecto de Ley de Servicios Sociales, que posteriormente deberá ser remitido a la Cámara autonómica para su discusión y refrendo. La cercanía de los comicios municipales y forales que se celebrarán en mayo puede distorsionar los planes de sus impulsores, una vez que en esta materia tienen competencias Ejecutivo, diputaciones y ayuntamientos, y son muy diferentes las interpretaciones en algunos apartados. Ahí está el caso del copago en las residencias, que ha sido defendido por el PNV en Bizkaia y Gipuzkoa con diferentes fórmulas, la guipuzcoana más leve; Ezker Batua se ha posicionado en contra: y el PSE presentará el lunes su propio modelo para esta Ley de Servicios Sociales para la CAV. La controversia entre la Diputación vizcaina y el Gobierno de Lakua saltó a los medios de comunicación hace unas semanas. Fuentes forales lo consideran «un debate artificial». «Mientras se dilucide en términos de guerra de titulares en prensa será absurdo», afirman, a la vez que apuestan por el consenso entre las partes implicadas.
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