El Derecho, por lo que parece, es incapaz de sancionar y castigar los hechos de represión, imputables a los agentes del Estado, y a la misma institución estatal» (Sandrine Lefranc). Su silencio parece así garantizarle, lo que para ellos su- pone la salida honrosa del olvido a la violencia del Estado.

Es precisamente la ausencia de sanción jurídica contra el Estado o contra sus representantes, lo que contribuye a explicar el resurgir permanente de la memoria reivindicativa de los ciudadanos sobre los abusos del Estado y sus imposiciones y pretendidas capitulaciones, por la fuerza bruta. Luego, tras las machaconas reivindicaciones de justicia, llega una nueva represión, con la consiguiente y reiterada ocultación, silencio y disimulo público. Porque ¿dónde queda la responsabilidad del Estado, en tantos casos de detenciones ilícitas, de torturas, de juicios inicuos realizados sin pruebas?

Al individuo, e incluso a los grupos, en el Estado español, se les imputan actos supuestamente delictivos. No se preocupa en absoluto el Ejecutivo, como tampoco el órgano judicial, ni de la realidad de los hechos imputados, ni mucho menos de su legitimidad; tampoco les preocupa el modo de efectuar las imputaciones, ni la existencia de pruebas delatoras. Más, cuando se trata de dilucidar y esclarecer la responsabilidad, de poner en evidencia la ilegalidad de los actos cometidos por las instituciones del Estado en un marco que se debía suponer democrático, la actuación es absolutamente diferente.

Se teatraliza la culpabilidad; se la diluye y se la hace desaparecer.

Una de las tácticas queda reflejada en las «declaraciones de arrepentimiento». Se dramatiza pública y engañosamente un falso y tan fingido como inexistente estado de ánimo apesadumbrado. Es el drama, posterior siempre al delito, por el que las fuerzas armadas, o policiales, al igual que la Iglesia católica, o el Estado, se desculpabilizan como si con ello hubieran concluido y saldado sus responsabilidades ­esto no se ha producido nunca en el Estado español­.

Otra de las formas, para eludir responsabilidades, es la realización de un simple «reconocimiento de una verdad» que se califica de histórica, como si la historia o los homenajes fueran en sí mismos pago de los delitos cometidos. Suele ser empleado por los órganos legislativos o ejecutivos de los gobiernos. Estos simplemente reconocen los hechos. No necesitan ni siquiera la fórmula del arrepentimiento ­tampoco esto se ha producido nunca en el Estado español­.

Mientras tanto las víctimas de la violencia del Estado, necesariamente, en su impotencia, no dejan de incriminar a las instituciones políticas.

Muchas de estas incriminaciones se repiten, y se contraponen pertinazmente, por lo molestas, a las mismas fuerzas del orden, que por el «derecho del poder» continúan excediéndose arbi- trariamente en sus atribuciones.

Las prácticas de declaración de arrepentimiento, o de simple reconocimiento de los hechos delictivos por parte de los gobiernos seudo democráticos, no significan una auténtica vuelta a prácticas legales y jurídicas humanas. Las declaraciones de arrepentimiento o de sencillo reconocimiento les sirven, o al menos es lo que buscan, una cierta legitimación de sus actos, de cara a sus electores.

Cuando el “New York Times”, el “New Republic” y el “Washintong Post” presentaron sus disculpas a sus lectores por haberles engañado a propósito de las pretendidas armas de destrucción masiva, que justificaría su ataque a Irak, los grandes diarios no sentían ningún pesar por haber mantenido y admitido la propaganda oficial. Lo que intentaban era minimizar su responsabilidad y las consecuencias de sus mentiras. En definitiva confirmaban la teoría de Noam Chomsky, en cuanto que mantiene que el papel de estos grandes diarios no es el de informar a los ciudadanos, sino el de fabricar la mentalidad que consienta sus actos y los de su gobierno.

Ni las expresiones de reconocimiento de culpas del gobierno, ni tampoco el arrepentimiento hacen que se rectifiquen las acciones, ni se castigue a los culpables, y menos aún que se modifiquen las leyes.

La teatralidad se ha convertido en una habilidad fundamentalmente política.

El tribunal de Nürenberg estableció el concepto jurídico de «crimen contra la huma- nidad». El término es cada vez más empleado, en la medida que se cometen más y más crímenes contra la humanidad, pero no se mezcla ni confunde en la historia de una reafirmación de los derechos del hombre, ni siquiera de una nueva Declaración de sus Derechos, cada vez más vilipendiados. El crimen contra la humanidad se enjuició en un lugar y momento histórico determinados. Y sin embargo, los crímenes contra la humanidad, contra todo aquello y aquel que se enfrenta al poder, siguen imponiéndose como práctica habitual de los gobiernos.

Los gobiernos y sus instituciones, como todo ciudadano, debe estar sometido a la ley. Debe pagar sus delitos con penas, no con arrepentimientos.

La fórmula del arrepentimiento mantiene un contenido íntimo, de carácter religioso, pero en absoluto útil en las relaciones sociales.

El arrepentimiento no se le puede exigir al ciudadano, de la misma manera que no debe bastarle al gobernante. -