Rechazo vecinal al proyecto de cárcel en Santa Lucía
·Vecinos de San Jorge- Sanduzelai resaltan que destrozaría una Reserva Natural, Paisajística y Forestal
IRUÑEA
«Construir una cárcel en la colina de Santa Lucía supone echar por tierra la zona verde y forestal más importante para el próximo futuro de la comarca de Pamplona, lo que supone un auténtico atentado medioambiental». En estos términos expresan los vecinos de San Jorge-Sanduzelai su oposición al proyecto de construcción de una cárcel en las inmediaciones de Iruñea en una carta remitida a la ministra española de Medio Ambiente, Cristina Narbona.Representantes de la asociación de vecinos denuncian la actuación del Gobierno de Nafarroa, ejecutivo sobre el que resaltan que «no tiene la más mínima vergüenza en transgredir sus propias leyes de protección de la naturaleza, entre ellas las Normas Urbanísticas Comarcales, al destrozar la Reserva Natural, Paisajística y Forestal (RNPF) de Santa Lucía». Los residentes rechazan asimismo la «excusa de que no existen otros terrenos cercanos a la capital» con suficiente extensión para construir la cárcel. Responden a este argumento que «existen y muchos en la Comarca de Pamplona» y aclaran que algunos son de titularidad compartida entre Iruñea y municipios aledaños.
Intereses especuladores
La asociación de vecinos considera asimismo que «además de despreciar las mínimas medidas de protección y mejora de los bienes naturales», el Gobierno de Nafarroa favorece intereses especuladores, «porque utiliza para infraestructuras como la cárcel terrenos que ya estaban liberados de todo tipo de construcción».Por otra parte, los vecinos de San Jorge-Sanduzelai consideran que el acuerdo entre el Ejecutivo navarro y el Ministerio español de Interior, del que depende Instituciones Penitenciarias, obedece a un intento de buscar complicidades y echarse mutuamente la responsabilidad del destrozo medioambiental que se va a cometer», reflexiones que han hecho llegar a Narbona a quien piden que se interese por este caso y se lo plantee al ministro de Interior. A ambos ministerios les solicitan que pese a no tener competencias medioambientales, «no sean cómplices de atentados contra la naturaleza».
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