GASTEIZ

En la vista de ayer la empresa pidió más de tres años de cárcel y 7.649 euros de multa para cada uno de los cuatro trabajadores acusados de un presunto delito de daños y coacciones, por los incidentes ocurri- dos durante la huelga que tuvo lugar hace dos años. Para uno de ellos, además, incrementó la petición un año más por contar con «antecedentes» de cuando tenía unos 17 años.

El presidente del comité, Jon Apaolaza, que declaró como testigo, indicó a GARA, que, «a mi modo de ver, en el juicio se han producido algunas irregularidades», al indicar que los testigos de la Ertzaintza salían de la sala y comentaban con sus compañeros pendientes de declarar las preguntas formuladas, por lo que éstos entraban ya preparados.

Minutos antes de la vista, trabajadores de Fundiciones Ocáriz se concentraron ante el Palacio de Justicia para denunciar la actitud empresarial. La principal acusación se basa en daños materiales, sobre todo en una puerta de la fábrica que, según Apaolaza, «todo el mundo pudo ver que la rompió un camión». Los hechos enjuiciados ocurrieron durante la negociación del convenio de 2003, que se unió a un expediente de regulación que presentó la empresa, lo que llevó a plantilla a una huelga entre el 7 de enero de 2004 y el 22 de febrero. En el transcurso del conflicto, la dirección despidió a 12 trabajadores y creó otra empresa con la que, según los sindicatos, sustituyó a los operarios en huelga.

Carga y detenciones

Durante el conflicto, la Ertzaintza colaboró con la empresa al negar al comité el acceso a la fábrica para comprobar si se estaba sustituyendo a los huelguistas, a pesar incluso de la presencia de un inspector de trabajo. Fundiciones Ocáriz fue sancionada por este motivo.

Los trabajadores sospechaban que la compañía estaba sacando maquinaria de la fábrica. Por ello, el 6 de febrero intentaron impedir que salieran tres camiones. En ese momento, la Ertzaintza cargó contra ellos. Unas horas antes había detenido a cuatro trabajadores cuando se acercaban a la fábrica. Los incidentes que se produjeron durante esta jornada fueron los que motivaron la denuncia de la dirección.

El conflicto en Fundiciones Ocáriz no acabó con la huelga. En mayo de 2005 la empresa consiguió la aprobación de un expediente de regulación de empleo que suponía la paralización productiva entre una y dos semanas al mes durante un año. La firma ha reducido su plantilla de 2003 de 113 trabajadores a los 34 actuales.

«La Ertzaintza al servicio de la patronal»

LAB denunció la actitud «prepotente y caciquil» de Fundiciones Ocáriz, «cuya dirección se ha caracterizado por la intimidación y el acoso a su plantilla». Asimismo, criticó que el Gobierno de Lakua «ha puesto, una vez más, a la Policía al servicio de la patronal, preocupándose más de reprimir que de garantizar los derechos de los trabajadores». Lamentó que los poderes públicos apoyen a una dirección que «ha descapitalizado la empresa, dividiéndola y proyectando un futuro incierto sobre sus trabajadores y la zona». -