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Gara > Idatzia > Euskal Herria 2006-03-03
Balza se escuda en la ley para defender el mantenimiento de la incomunicación
El consejero de Interior de Lakua volvió a argumentar ayer que él no puede pedir a un ertzaina que no aplique la incomunicación porque este régimen está previsto en la ley y «los consejeros no la modifican». Desde el PSE, Miguel Buen le instó a «seguir aplicándola», a lo que Javier Balza respondió que «eso es lo que hacemos, justificadamente y no de forma sistemática». Ezker Abertzalea le recordó que la clave es la voluntad política y que incomunicar no es obligatorio.

DONOSTIA

Al inicio de la legislatura, el consejero de Interior de Lakua, Javier Balza, anunció que su departamento procedería a grabar los interrogatorios a los detenidos en régimen de incomunicación. Para ello, explicó que se instalaría un sistema de grabación en «las zonas de acceso y calabozos». En aquella ocasión, en setiembre de 2005, se escudó en «el límite que establece la ley» para justificar la aplicación de este régimen. «No le puedo decir a un policía que no pida la solicitud de una medida prevista en la ley», dijo.

Ayer volvió a esgrimir este mismo argumento en la Comisión de Instituciones e Interior. Su comparecencia se produjo a raíz de una petición de Aralar, que le reclamó información sobre el proyecto para la instalación de cámaras en las comisarías de la Ertzaintza.

En el turno de preguntas, la parlamentaria de Ezker Abertzalea Nekane Erauskin subrayó que el dispositivo de grabación «no garantiza» en su to- talidad los derechos de las personas detenidas y dejó claro que «la ley no es motivo suficiente» para que la Policía autonómica aplique la incomunicación, ya que el uso o no de esta medida depende sólo de si «existe voluntad política».

«Si se dice que no se está de acuerdo con la ‘legislación antiterrorista’, ¿por qué la aplica? Para salvaguardar la dignidad de los detenidos hay que poner fin a este sistema. No hay razón para incomunicar y eso es cuestión de voluntad», insistió.

Balza le respondió que «el consejero no modifica las leyes. Ya sabemos quién tiene que cambiarlas. Es tan básico que no hace falta dar más explicaciones». «Si una persona le parece clarísimo que es una norma que no debe aplicarse, a otra le puede parecer que es justo la que debe aplicarse. Por tanto, no puede quedar al arbitrio de un gobierno cuáles son las normas que se aplican y cuáles no. A la aplicación arbitraria o no de una norma le llamo dictadura», dijo.

«No es derogar por derogar»

El parlamentario del PSE Miguel Buen, por su parte, defendió el mantenimiento de estas «herramientas excepcionales» y le instó a «seguir aplicándola». «Eso es lo que hacemos, paso a paso, justificadamente y no de forma sistemática», subrayó.

No obstante, dijo que «hoy día, la incomunicación aporta relativamente poco a la investigación y podría tener otras vías para que los resultados de derogar este sistema no perjudique a la línea de investigación. No es derogar por derogar». Propuso «judicializar muchísimo más el proceso de detención».

El titular de Interior, además, quiso resaltar «la positiva trayectoria» de la Policía autonómica así como su trabajo «eficaz y garantista con los dere- chos humanos».

Con ese objetivo, sostuvo que desde la puesta en marcha del protocolo para detenidos en régimen de incomunicación en 2003 «no existe ninguna denuncia. Desde luego no hay cinco ­matizó luego en alusión a las denuncias recogidas por TAT­. Todas han sido sobreseídas en una primera instancia judicial y si siguen adelante es porque el archivo ha sido recurrido».



Emplazarán a Madrid
A.L.

GASTEIZ

En la ponencia para analizar los derechos de las personas detenidas, el tripartito y Aralar acordaron además un texto en el que se insta a modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que se establezca la obligatoriedad de grabar a todas las personas detenidas. El acuerdo se elevará a la Comisión de Instituciones e Interior y de ahí al pleno del Parlamento. Si llegara a aprobarse pasaría al Congreso español. Ezker Abertzalea subrayó que «lo que se debe hacer es poner fin a la ‘ley antiterrorista’ y no cambiar ciertos artículos. Tenemos que ir más allá y superar los marcos».


 
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