El consejero de Interior del Gobierno de Lakua y la Policía que dirige Javier Balza no terminan de asumir las recomendaciones del ex Relator de la ONU contra la Tortura. Theo Van Boven, en su reciente visita a Euskal Herria, expuso con meridiana claridad las condiciones que se precisan para evitar que los malos tratos sean posibles en los centros de detención. El fin de la incomunicación y el acceso permanente a abogados de confianza son los únicos mecanismos que se demuestran eficaces para combatir esta lacra.

Los mecanismos existen, y no hace falta agudizar la imaginación a la búsqueda de «alternativas» al régimen de incomunicación de las personas detenidas como preconizó ayer el consejero. Intervino Balza en la Comisión de Instituciones e Interior de la Cámara de Gasteiz, donde se aprobó una iniciativa de Aralar ­apoyada por el tripartito­ que insta al Congreso de los Diputados español a hacer obligatorias las grabaciones de los interrogatorios y a suprimir el régimen de incomunicación.

A la primera parte de la propuesta de Aralar, PNV, EA e IU cabe responder con una frase pronunciada en entrevista a GARA por el propio Van Boven: «Decir que se graban los interrogatorios no es una garantía suficiente». Máxime cuando esa medida más que como transitoria se plantea prácticamente como sola y definitiva, dado que, aclara Balza, mientras el régimen de aislamiento siga vigente en la ley española, la Ertzaintza va a seguir haciendo un uso, según el consejero, «justificado, medido y proporcional» de esa medida excepcional.

A pesar de lo expresado por el consejero, en el sentido de que la puesta en marcha del dispositivo de grabación hará que «la tortura y los malos tratos sean imposibles en la Ertzaintza», lo cierto es que el tripartito no termina de romper amarras con la legislación que hace posible que cada año decenas de ciudadanos vascos denuncien haber sufrido torturas y que el Estado español aparezca en cada informe de los organismos internacionales más referenciales en la defensa de los derechos humanos.

Mientras desde Lakua no se demuestre una voluntad política expresa de no aplicar los mecanismos previstos en la «legislación antiterrorista», sólo cabe esperar que se lancen balones fuera, hacia un Congreso que, con ser la institución encargada de legislar en la materia, es sabido que no alberga una mayoría proclive a renunciar a los métodos coercitivos en contra de la causa nacional vasca. -