Treinta años después, se mantiene una injusticia sin reparar tanto con las víctimas y sus familias, como con la ciudadanía de Gasteiz. Y que los sucesivos gobiernos del Estado se han negado a abordar.

Las circunstancias políticas de hace treinta años dificultaron el esclarecimiento de los hechos e hicieron imposible que se dirimieran las responsabilidades penales y políticas. Sin embargo es inconcebible y terriblemente injusto que a día de hoy no se haya hecho el más mínimo esfuerzo por aclarar lo sucedido.

Es importante tener en cuenta que los fallecimientos se produjeron por la actuación de policías que respondían a órdenes de sus superiores. Distintos informes jurídicos han apuntado a responsabilidades penales por los asesinatos. Las transcripciones de las conversaciones de los mandos policiales durante aquel día revelan lo sucedido, y se reconoce textualmente que «aquí ha habido una masacre». Sin embargo, las instituciones del Estado no han hecho nada para depurar las responsabilidades penales, ni siquiera de manera simbólica. La sociedad vitoriana no entiende que perdure la injusticia que supone que nunca se hayan asumido responsabilidades por parte de la Administración, y ni siquiera se haya producido una condena oficial de estos terribles sucesos, que han quedado en la más absoluta impunidad. El reconocimiento y la reparación a las víctimas es necesaria, y corresponde al Gobierno español. Es evidente que el PP no tiene interés en tratar estos temas, que implican a su presidente de honor, el señor Manuel Fraga, entonces ministro de Gobernación, y por lo tanto responsable de la policía en 1976. Tampoco el PSOE ha hecho nada al respecto.

De hecho, no hay avances en la anunciada Ley de la Memoria Histórica, que el Gobierno de Rodríguez Zapatero se comprometió a realizar para mediados del pasado año. Esta Ley no daría a los afectados por la masacre del 3 de marzo la respuesta que desean, pero supondría un ligero avance en el reconocimiento de las víctimas de hechos similares al de Gasteiz en los primeros años tras la dictadura. El hecho de que el re- corrido de sus denuncias en los tribunales del Estado español se haya terminado, agotado, también dice mucho del poco interés prestado a este tema.

Las esperanzas de las familias de las víctimas están ahora en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que ha admitido a trámite la demanda. Pero su decisión no es vinculante.

El Gobierno debe cumplir el compromiso que adquirió con EA para contar con nuestro apoyo a la Ley de Víctimas del Terrorismo, saldando la deuda existente con las víctimas de los sucesos del 3 de marzo de 1976. -