La imposibilidad de acceder a una vivienda es uno de los problemas más graves que sufre una parte importante de la población de Euskal Herria, una afirmación constatada por diferentes encuestas y sondeos. No en vano, la inmensa mayoría de las personas de la generación necesitada de vivienda ha quedado expulsada por los precios de mercado. Y es que una vivienda en Euskal Herria tiene un precio medio superior a los 300.000 euros, que sumando los gastos de financiación, 70% del crédito hipotecario, se convertirá en 510.000 euros, para lo que se necesita un crédito hipotecario de alrededor de 750 euros mensuales. El alquiler «libre» tampoco es la solución. Y es que alquileres que superan los 700 euros están al alcance de muy pocas personas. Teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de las personas necesitadas de acceso al disfrute de una vivienda son personas jóvenes, no es difícil de entender que estén, en su gran mayoría expulsadas del mercado «libre». Y es que el mercado laboral alcanza unas cotas de precariedad altísimas, con situaciones generalizadas de flexibilidad, temporalidad, subcontrataciónŠ Así, junto al mercado laboral, la vivienda se está convirtiendo en un factor más de empobrecimiento y precarización de la población. Empobrecimiento de quienes no pueden acceder a una vivienda o pagar el alquiler o la hipoteca. Y precarización de quienes, aun pudiéndolos pagar, tienen que «apretarse el cinturón» para llegar a fin de mes porque la vivienda supone casi el 75% de los ingresos del núcleo convivencial.

Ante esta situación, las instituciones de Euskal Herria competentes en materia de vivienda, se limitan a poner parches. Uno de los más recurridos es la política de VPO. Y decimos parche porque si la vivienda es un derecho reconocido internacionalmente (artículo 25 de la DDHH de la ONU), no se puede sortear. Además, este tipo de políticas dejan fuera, incluso del bombo, a las personas con ingresos inferiores a los 9.000 euros mensuales. Por lo tanto, no podemos permitir que las insti- tuciones continúen haciendo políticas de espaldas a la población con menos recursos.

Más grave es, si cabe, la apuesta de las instituciones por la VPT. Estas viviendas, que pueden costar hasta un 30% más que las viviendas de VPO están reservadas a aquellas personas cuyos ingresos quedan por encima de los baremos estipulados para acceder a las viviendas protegidas convencionales. Es, por lo tanto, más injusta aún que la VPO, ya que expulsa a más gente de los sorteos. Además, este tipo de viviendas deja más beneficios para los agentes implicados en el lobby de la construcción.

El hecho de que las personas necesitadas de vivienda hayan quedado expulsadas del mercado libre y que el protegido no plantee ninguna solución sólida, que ataje el problema de raíz, ha conducido a que los actores del lobby de la construcción estén adaptando sus estrategias para maximizar sus beneficios. Es el caso de las cajas de Ahorros y los bancos, que ya han lanzado las hipotecas a 50 años. Además lo han hecho como si de una labor social se tratara para con las personas necesitadas de vivienda. Lo que no nos dicen es que acogiéndonos a esas iniciativas acabaremos pagando un 120% más del precio inicial de la vivienda, ya de por sí abusivo. Que no nos vendan sus estrategias de negocio como iniciativas sociales. Si desean facilitar el acceso a la vivienda de las personas necesitadas, lo que deben hacer es potenciar las viviendas de alquiler social.

Algo similar es lo que está sucediendo con la política de VPT. Las promociones públicas también tratan de maximizar los beneficios. El siguiente paso será aumentar el precio de las VPO. Y es ahí donde confluyen los intereses de los diferentes agentes del lobby de la construcción. Si los precios de mercado ya no son alcanzables para la inmensa mayoría de las personas necesitadas de vivienda, desde las administraciones se opta por regular los precios al límite superior de las posibilidades de la población a través de la VPO y la VPT y ofreciendo créditos hipotecarios de por vida. Incluso se articularán ayudas a la vivienda por parte de las administraciones. Una medida que será muy popular, pero que no hará sino agravar el problema, ya que se va a desviar dinero público para financiar al capital financiero que lidera el lobby de la construcción.

En medio de todo este trajín se hace inevitable atajar el problema de raíz para acabar con el empobrecimiento y la precarización de una parte importante de la población a causa de la imposibilidad de acceder a una vivienda. Uno de los mecanismos válidos para solucionar el problema es confeccionar una ley del suelo que solucione el problema de la vivienda. Pero tiene que ser eso, una ley que ataje el problema de raíz. De lo contrario, sólo servirá para hacer legal los trapicheos de ese lobby de la construcción. Es el caso de la Ley del Suelo que se quiere aprobar para Araba, Bizkaia y Guipuzkoa. Además de que sólo abarca una parte de Euskal Herria, esa ley no sirve para solucionar el problema de la vivienda. Lo dijimos hace un año y lo volvemos a repetir. En esta ocasión el señor Madrazo al frente del tripartito PNV-EA-IU ha buscado los apoyos de alguna fuerza política como el PSOE y de algún agente interesado en el tejemaneje como EUDEL, cuyas condiciones van a convertir a esa ley en una propuesta aún más ineficaz para atajar el problema de acceso a la vivienda, ya que se aumenta el porcentaje de VPT, no se regula de una manera eficaz el porcentaje de VPO en suelo urbano, se da competencias a los ayuntamientos para que promocionen viviendas protegidas de precio superior a las VPO y no se hace una apuesta decidida por el alquiler social. Además, va a ser una ley a la medida de los promotores, propietarios de suelo, constructores, inmobiliarias, Cajas de Ahorros, Bancos... ya que la apuesta es la de construir. Y todo esto mientras en Euskal Herria tenemos 245.000 viviendas vacías y en los territorios a los que afecta la ley, casi 144.000. Apostar por reutilizar estas viviendas es inevitable si queremos mantener una actuación sostenible.

Madrazo sigue sin escuchar las demandas de la población. No ha querido preguntar la posición de una cantidad importante de colectivos que trabajan por el derecho a la vivienda, y que hacen una apuesta decidida por la creación de parques públicos de vivienda en alquiler. Señor Madrazo, ¿qué intereses tienen usted y el tripartito de aprobar una ley sin consultar con la población? La ley debe estar al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de los intereses que oculta la ley.

Es necesaria una Ley del Suelo, pero no a cualquier precio. Es la hora de apostar por el pueblo y por solucionar el problema de la vivienda, contando con la opinión de los agentes sociales. De hacer frente al lobby de la construcción y frenar su especulación. Es la hora de atajar las situaciones de pobreza y precariedad generadas por la imposibilidad de acceder a una vivienda.

Para ello va a hacer falta mucho más que plataformas de intelectuales redactando manifiestos. La fórmula es sencilla: voluntad política y una verdadera política dando voz y atendiendo las demandas reales de las personas necesitadas de vivienda.

Sin embargo, la actitud de Madrazo, el tripartito y las intenciones del PSOE y otra serie de agentes implicados nos demuestran que la apuesta es otra. La apuesta es la de contentar al lobby de la construcción. Mientras no se apueste por el diálogo con los agentes sociales para impulsar una Ley del Suelo que ataje el problema de la vivienda, el señor Madrazo y el tripartito nos tendrán enfrente. -