Ejercer la acción política no es un pulso, es un derecho
Tras la convocatoria por Batasuna de una manifestación que, bajo el mismo lema «Euskal Herriak autodeterminazioa» que la celebrada el sábado pasado en Leitza, recorrerá el domingo próximo las calles de Donostia se ha vuelto a poner en marcha la «maqui naria jurídica-político-mediática». Interior de Lakua salta a la palestra para ejercer la tutela de un derecho básico, vocación propia de sistemas políticos de escaso pedigrí democrático. Interior puede guardar silencio, pero pre- fiere dictaminar e imponer límites a la celebración de una marcha de cuya convocatoria ya ha informado a la Audiencia Nacional española. La Fiscalía, que ejerce en nombre del Estado, léase del Gobierno del PSOE, es un órgano hipersensible a las presiones de medios de ultraderecha y a los sectores más apegados a la Ley de Partidos, para los que el ministro López Aguilar ejerce de tifosi. Esa Fiscalía y esa Audiencia no merecen contar entre sus informadores voluntarios con una consejería y un gobierno comprometidos con la búsqueda de la paz. ¿O comparte Lakua los intereses de quienes critican con la boca pequeña la ilegalización pero perciben un pulso y un afán de tensionar en cada acto político de Batasuna? -
Derecho a regresar con vida de la jornada de trabajo
«Tenemos que poder ir a trabajar sin perder la salud ni la vida». Las palabras, pronunciadas por el secretario de salud laboral del sindicato LAB, Ibon Zubiela, resumen la cuestión de fondo a valorar si de verdad se busca poner freno a la pérdida de vidas en los centros de trabajo. El derecho a ejercer la actividad laboral sin verse expuesto a un riesgo extremo para la integridad física es un debate a abordar con urgencia. En lo que va de 2006 se ha producido la muerte de sesenta personas en el puesto de trabajo. Esas cifras obligan a revisar las actuaciones de las distintas partes implicadas, principalmente de empresarios y administraciones, para valorar en qué se está fallando. Por desgracia ese análisis en profundidad no ha interesado hasta le fecha, seguramente porque obligaría a reconocer que las medidas de desregulación del mercado laboral que promueven las administraciones, siguiendo los anhelos de los empresarios, son directamente responsables del incremento de las muertes en los centros de trabajo. El último ciudadano que ha perdido la vida en el trabajo tenía 46 años, se llamaba Javier Unanue y trabajaba para la empresa Servicios Siderúrgicos Integrales, subcontratada por Nervacero. Una vez más la práctica de la subcontratación, que se impone en el sector privado, pero a la que se apuntan tam- bién numerosos entes públicos, aparece como uno de los factores a tener en cuenta para abordar en serio los porqués de los intolerables índices de siniestralidad que se registran en Euskal Herria. -
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