El día 25 de julio iba a ser un día feliz para este pueblo, ese día debían ser excarcelados nuestro vecino David Pla y Aitor Lorente, vecino de Bilbo. Todas estábamos seguras de que iba a ser así. Pero esa felicidad se nubló cuando en el último mes nos comunicaron que los volvían a llevar a la Audiencia Nacional para declarar sobre unas nuevas diligencias abiertas en su contra.

Tras sus declaraciones del día 13 de julio, el juez Santiago Pedraz dispuso el archivo de la causa debido a la falta de pruebas para seguir adelante con las diligencias. Por lo que volvimos a encender los motores para ir en su busca y traerlos para casa. Pero el día 25 de julio llegó y David y Aitor no fueron excarcelados. Al estar Santiago Pedraz de vacaciones, fue el juez Baltasar Garzón quién resolvió el recurso presentado por el fiscal del Estado contra el anterior auto de archivo (recursos que vienen siendo habituales ante la excarcelación de un o una presa política vasca). Recurso éste, que Garzón estimó, ordenando así la prisión preventiva para David y Aitor justo el día que iban a ser excarcelados, cuando cincuen- ta personas esperaban a las puertas de la cárcel de Valdemoro.

Esta decisión más que jurídica parece política. Como ya dijo a principios de este año el ministro de Justicia español López Aguilar: «Si es preciso, construiremos nuevas imputaciones», y una nueva imputación ha sido la que ha impedido la excarcelación de David y Aitor. Se trata de una imputación basada en una documentación incautada hace nada más y nada menos que cuatro años y que no ha salido a relucir hasta el pasado junio. El juez instructor consideró que no había pruebas suficientes para continuar adelante con el procedimiento, pero para Baltasar Garzón, ese juez «estrella» de la vida política vasca, han sido suficientes para ordenar el mantenimiento en prisión de David y Aitor el mismo día en el que debían ser excarcelados.

En esta ocasión, y puesto que David y Aitor estaban juzgados bajo el nuevo código penal y no obtenían redenciones, no podían aplicarles esa doctrina del Supremo para quitárselas y, al igual que han hecho con otros compañeros, impedir su excarcelación. Esta vez era necesario construir una nueva imputación. Da igual que ésta se caiga por su propio peso, ya que ha sido suficiente para decretar su prisión preventiva, situación que se podría alargar durante cuatro años.

Al igual que la utilizó el PP con la puesta en marcha del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria y con otras reformas represivas en contra de los y las presas políticas vascas, la Audiencia Nacional está siendo utilizada de ariete «legal» por parte del PSOE para vulnerar todavía más los derechos y la situación del Colectivo de Presos y Presas Políticas Vascas. Desde sus orígenes como Tribunal de Orden Público en la época de Franco, a la ahora «democratizada» Audiencia Nacional, estos tribunales han aplicado y aplican justicia según intereses políticos. La Audiencia Nacional es una herramienta que gestiona leyes de excepción hechas a la medida de las intenciones políticas para encarar el conflicto que vivimos en Euskal Herria: la incomunicación y leyes «antiterroristas», la Ley de Partidos, la Ley del Menor, el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria... para vulnerar derechos de «manera legal» ante situaciones que son consecuencia del conflicto político.

Estamos en un momento en el que se están dando conversaciones entre la mayoría de fuerzas políticas de Euskal Herria para encarar la resolución del conflicto políticamente, esto es, mediante el diálogo y el acuerdo, para que a este pueblo se le reconozcan los derechos que durante siglos, mediante la imposición y la represión se le han negado. Pero aquí seguimos sufriendo las consecuencias del conflicto, las consecuencias del entramado represivo que vulnera derechos básicos desde un prisma de actuación político. ¿Qué clase de proceso de paz se construye bajo estas premisas? ¿Esta es la normalización política de la que hablan, la de seguir vulnerando derechos y libertades para intentar ganar posiciones en el escenario político?

Los ataques contra los derechos de los y las presas políticas vascas han de terminar, el chantaje político que hacen de sus derechos es intolerable y se lo debemos dejar bien claro. El día 13 de agosto en Barañain se celebrará una manifestación para exigir el fin de estos ataques y denunciar el papel saboteador de la Audiencia Nacional en la vida política de este pueblo y, por supuesto, para reclamar la excarcelación inmediata de David y de Aitor. Desde estas líneas un fuerte abrazo a sus familias, estamos con vosotros. -